La Fiscalía modera las acusaciones en sus últimas actuaciones judiciales
La fiscal general dice que las imputaciones a los alcaldes del 1-O se verán caso por caso
TONI MUÑOZ La perceptible desescalada del proceso independentista ha disminuido la virulencia con la que responde la Fiscalía. Así lo acreditan las últimas actuaciones desempeñadas por el ministerio público en Catalunya en relación con causas que afectan a dirigentes relacionados con el 1 de octubre. Esta cierta moderación no se desprende de ninguna instrucción concreta recibida por parte de la Fiscalía General del Estado, aseguran fuentes del ministerio público, sino a la percepción de que la agitación entre los independentistas, que por el momento descartan incumplir la legalidad, ha bajado.
Es en este contexto que cabe interpretar las últimas decisiones tomadas por la Fiscalía Superior de Catalunya en los procedimientos vinculados con el procés y que permiten atisbar este leve cambio. Destaca el rechazo del ministerio público a la petición que hizo el juez de instrucción 13 de imputar al vicepresident, Pere Aragonès, por no haber impedido la celebración del referéndum. El fiscal respondió que en aquel entonces Aragonès no ostentaba un rango suficiente para frenar la votación y le dejó al margen de la causa, de la que, sin embargo, no excluyó al exnúmero dos de Economia e ideólogo de la hoja de ruta hacia la independencia, Josep María Jové.
En este sentido también es destacable que la Fiscalía apoyara el sobreseimiento de la causa en el TSJC con respecto a Jordi Turull y su esposa por presunto alzamiento de bienes, a pesar de haber sido el impulsor de la investigación mediante la presentación de una querella. También hay otros ejemplos, en los que la Fiscalía se ha mostrado más comedida en sus postulados iniciales. Puede subrayarse el cambio de postura de en torno a la cuestión de la activista de los Comitès de Defensa de la República (CDR), Tamara Carrasco, cuya causa pendía en la Audiencia Nacional imputada por terrorismo. Tras la petición de la defensa, fue derivada a los juzgados catalanes. En este caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, también respaldó la decisión de rechazar la acusación de terrorismo y seguir la causa por un presunto delito de desórdenes públicos.
El último asunto fue notificado ayer, cuando el TSJC desestimó los recursos de súplica de Vox en los que pedía la apertura de una causa penal contra el president Quim Torra y contra la Mesa del Parlament. En ambos casos, la Fiscalía dio el beneplácito para rechazar las peticiones del partido de ultraderecha.
Sin embargo, a todo este reguero de causas que afectan al independentismo como consecuencia del 1-O, quedan pendientes las investigaciones de los alcaldes. Las diligencias abiertas contra 716 responsables de ayuntamientos por haber cedido los equipamientos municipales para la celebración de la votación están finiquitados y la Fiscalía está a la espera de decidir en qué casos presenta querella y cuáles acaban archivándose.
La causa se arrastra desde vísperas del 1-O cuando la Fiscalía citó a los alcaldes por la cesión de los locales para la votación, una actuación que podía suponer delito de desobediencia cuya pena conlleva la inhabilitación para desempeñar un cargo público. Durante varios días los ediles fueron pasando por las dependencias de la Fiscalía de Catalunya. Sólo en un caso, el del alcalde de Mollerussa y diputado del PDECat, Marc Solsona, se ha archivado al considerar que de su actuación no se desprenden indicios de criminalidad.
Habrá casos de todo, apuntan fuentes del ministerio público. La fiscal general del Estado, María José Segarra, dirigió una reunión el miércoles con los fiscales jefe provinciales de Catalunya para sentar las bases que determinen la línea a seguir en este caso. En declaraciones a los medios, Segarra garantizó que la decisión se tomará en función de cada actuación individual y no habrá una causa general. “La Fiscalía no tiene ninguna causa ge-
EN EL TSJC
El ministerio público ha rechazado investigar a Torra, denunciado por Vox
DECISIÓN INMINENTE
Ultimadas las acusaciones contra los alcaldes que cedieron locales para la votación
neral, ni ninguna opinión generalizada, analizamos caso por caso, siempre desde el pleno respeto al principio de legalidad”, subrayó.
La postura de la fiscal general del Estado es el resultado de un debate en el seno del ministerio fiscal en Catalunya, donde convergen posturas discrepantes entre los que optan por mantener una línea más amplia contra la conducta de los alcaldes y otra más selectiva.
En medio de ese intercambio de pareceres se encuentra la fiscal provincial de Barcelona, Concepción Talón, que aboga por presentar querella contra varios alcaldes de su provincia. La fiscal jefe de Barcelona, de la conservadora Asociación de Fiscales, siempre se ha mostrado partidaria de responder con mayor dureza a las actuaciones de los soberanistas tras la declaración de independencia del 27 de octubre del Parlament, a la que ella mismo se refirió como “un ataque al Estado de derecho equiparable al 23-F” .
Así pues, fruto de ese debate argumental que se ha prolongado en el último año y que desde el verano cuenta con una nueva interlocución en la Fiscalía General del Estado, de corte progresista, la decisión ha consistido en rebajar las posiciones de máximos y abogar por revisar las actitudes de los alcaldes de forma individual. “Son conductas personales, así es el derecho penal”, recalcó Segarra. Las resoluciones podrían darse a conocer en las próximas semanas.
Otra de las causas derivadas de los hechos del 1-O que sigue su curso tiene que ver con las cargas de la Policía en los puntos de votación. La mayoría de denuncias se concentran en el juzgado de instrucción 7. Ayer, las partes recibieron un informe forense que certifica que el manifestante Roger Español fue herido por una pelota de goma lanzada por la policía. “Las lesiones objetivadas son consecuencia de un traumatismo directo muy intenso sobre el globo ocular derecho; por tanto, creemos que las lesiones son compatibles con un impacto a gran velocidad probablemente por un pelota de goma”, certifica el informe. La información aparece después de que el abogado de varios de los agentes imputados cuestionara que las lesiones de Español fueran producidas por un proyectil lanzado por la Policía.
Ayer declararon ante el juez cuatro escopeteros que justificaron el uso de pelotas de goma por la situación de “odio extremo”, de la que se defendían puesto que les lanzaban adoquines, tornillos y todo tipo de objetos. El juez imputó ayer a dos agentes más, con lo que el número de policías investigados se eleva a 26.
OPINIÓN DISCORDANTE
La fiscal de Barcelona, partidaria de una opción más dura contra los alcaldes
DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ Los escopeteros de la policía justifican el uso de pelotas de goma por los ataques que recibían