Marchena decide no apartarse de la presidencia del juicio del caso 1-O
El juez Francisco Monterde resolverá si tramita la recusación contra el magistrado
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, ha decidido no abstenerse y su propósito es, por tanto, mantenerse al frente del proceso y del juicio por el caso 1-O. Marchena ha sido objeto de recusación por parte de nueve de los procesados en este procedimiento judicial, que han alegado una supuesta falta de imparcialidad de dicho magistrado para juzgar a los dirigentes independentistas.
Ante ello, hubiera podido optar por la abstención, y apartarse del enjuiciamiento del caso. Pero según diversas fuentes de la propia Sala Penal, ha resuelto seguir al frente del tribunal que juzgará el 1-O por estimar, en sustancia, que su imparcialidad no puede ser cuestionada a causa de las consideraciones contenidas en el watsap que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, remitió a sus parlamentarios.
En dicho mensaje, Cosidó vinculaba el acuerdo para que Marchena presidiera el Supremo con los intereses de los populares en el ámbito de la justicia, considerando que el pacto alcanzado con el PSOE para renovar la cúpula judicial permitiría, en contrapartida, el control de la Sala Penal del Supremo “desde atrás”.
El contenido de mensaje convirtió en inviable el acuerdo alcanzado, al provocar la renuncia de Marchena a presidir el Supremo. Y también dio pie a la presentación de varias recusaciones sucesivas contra el presidente de la Sala Penal. Primero fueron las del exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, así como la del expresidente de la ANC Jordi Sànchez.
A estas recusaciones se unieron ayer la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la de Anna Simó, exintegrante de la Mesa de la Cámara catalana. Y a todas ellas se sumó finalmente la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien no sólo recusa a Marchena, sino a la Sala Penal en su conjunto. El motivo estaría en la posibilidad de que el presidente de esta instancia ya haya influido con sus criterios en el resto del tribunal, contaminándolo.
Para la tramitación de estas recusaciones se tiene que nombrar un instructor. En principio, esta función va a corresponder al magistrado de la Sala Penal Francisco Monterde. Cuando haya estudiado las recusaciones, el instructor puede hacer una de estas dos cosas. La primera, rechazar de plano las pretensiones de las defensas, si las considera manifiestamente infundadas. O en segundo lugar, si entiende que pueden tener alguna base, admitirlas a trámite, para que sea la Sala del 61 –así llamada por el artículo de la ley del Poder Judicial que la prevé– la que decida sobre el fondo del asunto.
Una vez que Marchena ha resuelto no abstenerse, lo lógico es que la designación del instructor se produzca de inmediato. Si el asunto llega a la Sala del 61 –compuesta por los presidentes de las cinco salas del Supremo, menos el propio Marchena, obviamente, más el magistrado más antiguo y el más joven de cada una de ellas–, el interés del Alto Tribunal es resolver lo antes posible, para no retrasar el inicio de la vista oral.
Ahora bien, este incidente procesal de las recusaciones sí puede influir en que el procedimiento se ralentice nuevamente. El motivo reside en que mientras se tramitan la sala no podría tomar decisiones sobre el proceso del 1-O. A principios de semana se le dio a las defensas un plazo de diez días para que presentaran sus conclusiones provisionales, después de que ya lo hayan hecho las acusaciones. Algunas han pedido que ese periodo sea de 90 días. La Sala Penal no se los iba a dar, pero el hecho es que tampoco van a tener sólo diez, porque la tramitación de las recusaciones introduce el mencionado factor de ralentización.
En principio, la intención de la Sala Penal era que la semana previa a las fiestas de Navidad pudiera celebrarse la vista destinada a examinar las cuestiones previas al juicio propiamente dicho. Estas cuestiones previas servirían para que las defensas plantearan –como han hecho en diversos escritos durante la tramitación de la causa– que el Supremo no es la instancia judicial que debería juzgar el caso 1-O, porque tendría que hacerlo el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Ahora, según cómo resulte la tramitación de las recusaciones, estos planes pueden verse alterados. En todo caso, por poco que pueda, la Sala Penal convocará la vista de dichas cuestiones previas antes de las fiestas navideñas, para que luego, en fecha aún no concretada del mes de enero, se pueda empezar ya con el juicio oral, salvo, claro está, que el Supremo se inhibiera en favor del TSJ de Catalunya, cosa que ahora aparece como muy poco verosímil.
En paralelo, en la Sala Segunda
EL MOTIVO
El presidente de la Sala Penal rechazará que se cuestione su imparcialidad
LA TRAMITACIÓN
El instructor de la recusación puede archivarla o remitirla a una sala especial
LA PREOCUPACIÓN
El Supremo intentará que el nuevo incidente procesal no retrase el inicio del juicio oral
han causado cierta perplejidad los motivos por los que ha fracasado el pacto entre PP y PSOE para renovar la cúpula judicial, pero se aplaude la decisión de Marchena de dar un corte seco a su candidatura a presidir el Supremo. El criterio unánime es que el mensaje difundido por Cosidó dejaba muy poco margen, por no decir que ninguno, para que se sostuviera el acuerdo. A este tipo de opiniones se sumó ayer la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien consideró “extraordinariamente prudente” que se aplace el proceso de renovación del Poder Judicial. Y añadió que siempre apoyará “cualquier iniciativa” que pretenda reforzar la “imagen de confianza e independencia” que debe tener “la sociedad en su justicia”.