Regresión constitucional
En el ensayo Cómo mueren las democracias, de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se pone de relieve la fragilidad de estas. ¡Incluso de las mejores! Se arguye, contrariamente a lo que muchos creen, que los sistemas democráticos no acostumbran a morir a manos de hombres armados, sino que se van erosionando lentamente en pasos apenas apreciables. Es la forma de quiebra democrática que los constitucionalistas de la Universidad de Chicago Huq y Ginsburg denominan “regresión constitucional”. Esta aparece cuando progresivamente se deterioran las instituciones que representan los tres pilares de un Estado de derecho.
En los últimos años, la solidez y fortaleza de los poderes legislativo y ejecutivo han sido objeto de un sistemático desprestigio. A ello han contribuido conductas y errores de quienes los integran, sin olvidar las secuelas de las crisis económicas desencadenadas a partir del 2007, que sembraron en la ciudadanía la simiente del malestar hacia gobiernos y legisladores. La indignación del 15-M, situando en la diana de sus ataques a las instituciones democráticas (“No nos representan” era su lema), fue la evidencia del rechazo a todo lo que significa el sistema.
Pero en la lenta erosión de nuestra democracia, faltaba lesionar la reputación de jueces y magistrados. Nadie puede negar que también en esta rama del poder se han cometido abusos y errores.
Así lo recordaba recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por haberse vulnerado el derecho de Otegi a un juicio justo (no obstante, recuérdese que de las 1.068 sentencias emitidas en 2017 por este tribunal, sólo seis fueron relativas a España). Pero ni en este ni en los demás poderes la negligencia de una parte puede ser justa causa del desprestigio y deslegitimación del todo.
No confundamos la legítima crítica a las decisiones judiciales con la sistemática deslegitimación de la judicatura. Optar por lo segundo resulta políticamente comprensible para quienes no pudiendo ya dirigir la crítica popular contra instituciones a las que se han incorporado necesitan construir otros “maniqueos” contra los que llamar a la movilización. Lo que ya no resulta comprensible es la imprudente colaboración de quienes, desde dentro del sistema, pretenden eximir su responsabilidad por acciones u omisiones, traspasándola toda al poder judicial. Me parece una grave insensatez.
Analicemos si no lo que en el ámbito del poder judicial ha provocado mayor contrariedad en las últimas semanas. Se puede compartir o no la calificación provisional de delito de rebelión para la mayoría de los dirigentes independentistas encausados. O las decisiones sobre las prisiones preventivas. Me incluyo, como tantos otros, entre quienes no comparten ni lo uno ni lo otro. Pero no por ello se puede descalificar globalmente al Tribunal Supremo, ignorando, además, que ha sido el fracaso de la política lo que ha situado erróneamente a la justicia como gestora de un problema de naturaleza política.
Uno de los casos polémicos ha sido el del Tribunal Supremo acerca de las hipotecas. ¡Aquí ha habido de todo! De entrada, un grave error de quien debería haber convocado la reunión de la sala, antes de emitirse una sentencia que cambiaba el criterio que el Supremo había mantenido. Sin olvidar la confusión entre la rectificación de una sentencia y el cambio del criterio de la sección, después de aplicarlo durante casi cuarenta años… Y todo ello, además, aliñado con mucha demagogia, incluso judicial.
No obstante, no es mi intención entrar en el fondo de la cuestión, sino reflexionar sobre la manera en la que los poderes ejecutivo y legislativo están contribuyendo a erosionar al poder judicial. ¿O no fue el poder ejecutivo el que redactó el reglamento fuente de la polémica? ¿Y a lo largo de más de tres décadas, el legislativo no ha podido cambiarlo? ¿A qué viene ahora rasgarse las vestiduras? Se habla de la contribución de los jueces y juezas a la inseguridad jurídica, cuando estos no están para legislar. Es la ley en sí misma la que fundamentalmente debe garantizar la seguridad jurídica.
El último de los sainetes relacionados con el Poder Judicial, ha sido la renovación de su Consejo General. Otro grave error de los partidos –o de parte de ellos– al decidir y publicar el nombre de su futuro presidente antes de la elección y toma de posesión de los vocales. A este hay que añadirle otros despropósitos partidistas que claman al cielo. El watsap del portavoz del PP en el Senado es de extrema gravedad y de consecuencias ilimitadas. Me siento incapaz de proponer el sistema ideal para la elección del CGPJ, pero desde luego, el vigente es manifiestamente mejorable.
Y los otros dos poderes deberían centrar sus esfuerzos en buscar una alternativa. Dedicando, a su vez, energías a la reforma de la justicia, dotándola de más medios humanos y materiales y permitiendo que miles de jueces y juezas, magistrados y magistradas independientes, y que anónimamente imparten justicia, sean garantía ante las arbitrariedades del poder. Porque no debe olvidarse la respuesta que dio el propietario de un molino al rey de Prusia Federico II cuando este le amenazó con clausurar el negocio que le molestaba por su ruido: “Señor, eso podríais hacerlo si no hubiera jueces en Berlín”.
No confundamos la legítima crítica a las decisiones judiciales con la sistemática deslegitimación de la judicatura