Los aparejadores exigen seguridad jurídica antes de aplicar el 30%
La intención del Ayuntamiento de Barcelona de obligar a todos los promotores a ceder un 30% de las construcciones o grandes rehabilitaciones a vivienda social no sólo ha provocado un serio enfrentamiento por razones técnicas, jurídicas y políticas entre el gobierno de Ada Colau y la Conselleria de Territori de la Generalitat. Otros agentes afectados por esta medida, que no ha sido ratificada todavía por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat –es muy probable que si se resuelven las discrepancias técnicas se apruebe el próximo 5 de diciembre–, también cuestionan la viabilidad de esta iniciativa. Es el caso del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, que ayer hizo público un comunicado exigiendo seguridad jurídica en la reserva obligatoria de ese 30% para vivienda protegida.
Este colegio profesional ha pedido que se abra un diálogo con todos los agentes que participan en el sector de la vivienda para llegar a acuerdos más amplios que los meramente políticos y que no se limiten al municipio de Barcelona sino que tengan como ámbito de aplicación toda el área metropolitana.
Los aparejadores reclaman, en este sentido, que la exigencia que el Ayuntamiento de Barcelona pone en los porcentajes de vivienda de protección oficial tengan una correlación con el número de viviendas de estas características que promueve el sector público, y en concreto el propio Ayuntamiento.
En previsión de la alta conflictividad que pueda provocar la aplicación de esta cesión obligatoria, el Col·legi d’Aparelladors ha advertido que sin consenso se producirá “una judicialización de la promoción inmobiliaria que podría comprometer la incipiente recuperación económica del sector e incluso paralizar la actividad constructora en Barcelona”.
Los aparejadores barceloneses advierten que las medidas propuestas pueden tener un “efecto importante en el precio de la vivienda en su área de aplicación”, puesto que “cualquier restricción o nuevo coste en los ingresos de las ventas se trasladará inmediatamente al precio que pagará el comprador”. En especial, señalan que este factor será de gran importancia en la rehabilitación, ya que el incremento de cargas puede frenar las escasas grandes rehabilitaciones que se hacen en la ciudad.
El colegio considera, en definitiva, que hay que buscar soluciones a medio y largo plazo con especial atención a las políticas de mantenimiento y conservación del patrimonio edificado, así como la rehabilitación de las edificaciones y de la urbanización de la ciudad.