Los fondos amenazan con un arbitraje por ATLL
El TSJC rechaza convalidar el contrato o declararlo nulo
Pioneer Point Partners, un fondo de infraestructuras británico accionista de Aigues del Ter Llobregat (ATLL), ha advertido que plantea llevar la anulación del contrato de concesión del suministro del agua a los tribunales internacionales de arbitraje si la Generalitat finalmente persiste en declarar “nulo de pleno derecho” el contrato de concesión y por tanto elude el pago de la indemnización de 1.036 millones que reclama ATLL.
Fuentes cercanas al fondo británico recordaron que España ya ha tenido otros reveses en los tribunales de arbitraje de La Haya, Suiza y Luxemburgo, que protegen los derechos de los inversores internacionales frente a posibles abusos de los tribunales locales, en el caso de las subvenciones a las energías renovables. Para el fondo, que tiene otras seis concesiones en España, el impago de la indemnización que se estableció en el contrato sería un abuso aún más claro. A su juicio, la situación actual refleja una falta de seguridad jurídica que penaliza el atractivo de España para los fondos internacionales.
La Generalitat presentó hace dos semanas su propuesta de liquidación del contrato de ATLL, que fija que la concesionaria le pague 38,42 millones de euros, descartando cualquier indemnización por daños y perjuicios, al calcular los flujos de caja de la concesionaria durante los años del contrato, es decir la diferencia entre los ingresos y los gastos. ATLL, participada mayoritariamente por Acciona, estima sin embargo que liquidar el contrato obligaría a pagarle 305 millones por la liquidación y 769 millones en indemnizaciones por daños y perjuicios, incluidos los beneficios dejados de percibir. A esta cifra, a su juicio, habrían de restarse 38 millones de deducciones por provisiones. En total, 1.036 millones, según el procedimiento que se estableció en el contrato para regular su rescisión.
La Generalitat, sin embargo, considera que tras las sentencias judiciales (del TSJC y del Supremo), el contrato es radicalmente nulo, y que además tampoco hubo culpa de la Generalitat en la causa de nulidad, por lo que es como si nunca hubiera existido y la liquidación solo ha de volver a la situación económica anterior a su firma. En este sentido, el TSJC dictó el miércoles una sentencia en la que rechaza la petición de Acciona y de ATLL de “convalidar” el contrato, lo que supondría conservar la concesión, pero también rechazó que la nulidad fuera de pleno derecho como alega la Generalitat para no aceptar la fórmula de liquidación que incluyó el mismo contrato.
Fuentes cercanas a la empresa concesionaria explicaron que a su juicio deben seguir prestando el servicio de suministro del agua hasta que la Generalitat rescate la concesión, ya que el contrato seguirá siendo de hecho vigente hasta que se liquide en los términos que el mismo regula. Además, aseguran, la concesionaria no tiene contactos con la Generalitat para llegar a un acuerdo sobre la liquidación, pero tampoco para coordinar operativamente el traspaso del suministro, aunque un decreto de la Generalitat prevé que lo asuma una nueva sociedad pública el próximo 1 de enero.
ATLL prevé aferrarse a la concesión hasta que la Generalitat pague la rescisión, que valora en 1.036 millones