Justicia en el patíbulo
Esta es una anécdota real. Un juez, muy bien posicionado en la carrera, se ve tentado por un partido política para ir en sus listas a las generales. Le aseguran que podrá impulsar, con conocimiento de causa, todas las reformas que necesita la judicatura. Accede y sale elegido, aunque no consiguen suficientes votos para formar gobierno. Nada más tomar posesión del escaño, elabora un documento de mínimos para corregir las enormes carencias de la administración de justicia. Lo presenta a su partido sugiriendo que pueden intentar pactar su contenido con el partido mayoritario. La respuesta: que su grupo no presentará ninguna iniciativa que permita al gobierno apuntarse el tanto. Lo dejarán todo como está mientras intentan desgastar al grupo mayoritario. Con un punto de paternalismo, su jefe de grupo le dice que se guarde el documento hasta que consigan el poder.
Analizando el grave descrédito que ha sufrido las últimas semanas la más alta judicatura española, podríamos decir que a los políticos se les ha terminado por romper el juguete en las manos de tanto pelearse por
Un juez, muy bien posicionado en la carrera, se ve tentado por un partido política para ir en sus listas...
ser los únicos en tenerlo. Ya pasaba en la recta final de los gobiernos González, cuando dependía del juez o fiscal a quien le tocara el enésimo caso de corrupción que entraba en la Audiencia Nacional, iba mejor o peor para los intereses del tocado ejecutivo socialista. Quizá los más viejos recuerden como había un grupo de fiscales llamados los indomables que fueron el terror de la ejecutiva del PSOE, con un par de jueces afines como Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, de varia trayectoria posterior.
La elección del poder judicial a manos del legislativo es bastante común en las democracias y genera no pocas reticencias e interferencias. Como ejemplo totalmente actual, el temor demócrata en EE.UU. por que Donald Trump pueda elegir otro juez ultraconservador para el Tribunal Supremo y cambie el equilibrio de fuerzas para varias generaciones. La diferencia con España es, por un lado, que no hay el escrutinio que sufren los elegidos, interrogados en durísimas comparecencias en el Capitolio y examinados hasta la náusea por la opinión pública. Y, segundo, que acostumbran a mostrarse bastante independientes una vez en el Supremo, al ser un cargo vitalicio y no depender su renovación y su futura carrera judicial del partido que los propuso.
En el fondo, estamos viviendo la recta final de un proceso de corrupción de la misión de la judicatura que se aceleró el año pasado cuando el gobierno Rajoy les encargó solucionar un problema, el proceso independentista en Catalunya, que malinterpretó y subestimó por falta absoluta de visión política. Y cuando un juez toma decisiones políticas, se convierte en un pequeño dictador, ya que no está la fuerza correctora del voto popular para desautorizarle, como pasó con el PP después de los atentados del 11-M.
No parece este el mejor momento para un acuerdo de Estado real y duradero para dejar de manosear la justicia, única solución a este desastre. Nos hacen falta jueces como el que encabeza esta columna. Pero él, tras ver cómo se las gastan en política, acabó la legislatura lo más discretamente posible y después huyó como gato escaldado.