La Vanguardia

El colapso judicial hace que los juicios rápidos ya sean más lentos que los ordinarios

El atasco deja los hurtos que se cometen en Barcelona al borde de la prescripci­ón: los jueces piden que se habilite un juzgado de refuerzo

- TONI MUÑOZ

Los juicios rápidos fueron concebidos para celebrarse a los diez días de cometerse un delito leve. Sin embargo, el atasco que registra la justicia en Barcelona provoca que ahora sean incluso más lentos que los ordinarios. Con un problema añadido: los hurtos prescriben a los 12 meses, por lo que algunos delincuent­es pueden librarse del castigo si el juicio se retrasa.

La justicia está tan colapsada que hay riesgo de que cuando llegue el momento de juzgar los hurtos, estos ya estén prescritos. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirma que el tiempo para celebrar un juicio por delitos leves –anteriorme­nte llamados juicios de faltas– ya se dilata hasta los diez meses, cuando en el sistema está previsto que los juicios por estos delitos se celebren a los diez días a lo sumo. Además, los hurtos prescriben a los 12 meses, con lo que la conducta del pequeño delincuent­e va camino de convertirs­e en impune si la situación no se remedia.

En Barcelona hay un solo juzgado de guardia –a diferencia de Madrid, donde hay tres– que se encarga de juzgar los delitos leves. La mayoría son hurtos que cometen carterista­s habituales y que acumucione­s lan numerosos antecedent­es. Se considera delito leve de hurto el robo sin violencia de aquellos objetos o dinero que no supere los 400 euros. Cada día en Barcelona se celebran 30 juicios por estos delitos, una cifra que, sin embargo, no puede a absorber el caudaloso torrente de denuncias que se registran diariament­e en Barcelona. “Se ha venido produciend­o un incremento progresivo del número de delitos leves que ha ido acumulando una bolsa de señalamien­tos para juicio que han alejado la fecha de comisión de la fecha del juicio”, afirman los jueces en un acuerdo suscrito en la Sala de Gobierno del TSJC en el que reclamaban a la Conselleri­a de Justícia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia que pusieran en marcha un juzgado de refuerzo para paliar el progresivo retraso que se iba acumulando en los juicios rápidos por delitos leves. La petición fue registrada en marzo, y en julio los jueces volvieron a insistir. De momento, no han recibido respuesta.

La Guardia Urbana de Barcelona dio la voz de alarma en febrero del 2017 cuando observó que las cita- para juicio que ellos mismos entregaban a los carterista­s cada vez estaban más alejadas del día del juicio. Así, en febrero del 2015, entre que se atrapaba al carterista y se lo citaba para juicio pasaban 9 días. Aquel tiempo se fue dilatando. Y, sobre todo, hay un periodo en que la brecha se hace mayor. Desde febrero del 2016 hasta octubre del mismo año, se pasó de citar a los delincuent­es en 10 días a hacerlo en 120. Los hurtos se multiplica­n. Los días para llegar a juicio, también. Los retrasos ante la acumulació­n de trabajo continuaro­n hasta llegar a la situación actual, en la que se dan citaciones para juicio para de aquí a diez meses. Una de las grandes paradojas que entraña esta situación es que los juicios rápidos –así se denominan popularmen­te, aunque su nombre oficial es “inmediatos”– van más lentos que los que se celebran por la vía ordinaria, los considerad­os lentos. Estos son los casos en los que se atrapa al malhechor en un momento en que todavía faltan diligencia­s por hacer o papeles por adjuntar en el expediente. Discurren por la vía ordinaria y son enjuiciado­s en el mismo juzgado pero cuya agenda no está saturada. Los carterista­s que son enviados ante el juez por esta vía suelen ser enjuiciado­s al cabo de un mes; como máximo, dos meses.

Los hurtos en Barcelona han aumentado en el último año un 19%. Tanto los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana como jueces y fiscales coinciden en que esta situación se ha visto favorecida por el leve castigo que lleva aparejado el delito leve de hurto en el ordenamien­to jurídico a raíz de la senten-

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ELIMINA LA REINCIDENC­IA Jueces y fiscales coinciden en que la sentencia del Supremo abona la impunidad

cia dictada en junio del año pasado por el Tribunal Supremo (TS).

La sentencia del TS 481/2017, dictada el 28 de junio del 2017, extinguió la acumulació­n de delitos leves que castigaba la reincidenc­ia. Cuando un carterista era cazado hasta en tres ocasiones, fruto de aquella acumulació­n, el delito leve se agravaba y pasaba a ser considerad­o delito menos grave, que acarreaba penas de prisión. Si se acumulaban delitos, aunque fueran leves, había riesgo de acabar en prisión. Sin embargo, el Supremo ha cambiado la doctrina y, por tansionale­s to, ahora los delitos leves siempre son leves, y el carterista que robe menos de 400 sólo podrá ser condenado a un delito de multa. Y los carterista­s lo saben y por eso se cuidan mucho de nunca superar esa cantidad.

Con esta nueva situación, el sistema se vuelve perverso. Los carterista­s pagan las multas que les imponen y lo hacen con el dinero que roban a la gente de la calle, normalment­e turistas. El fiscal de instrucció­n de Barcelona Antonio Vicén es uno de los fiscales de la provincia que, junto a los 33 jueces de instrucció­n, destinan parte de su tiempo, una vez cada tres semanas, a representa­r al ministerio público en los juicios rápidos por delitos leves. “Los que trabajamos a diario en el tema notamos cierta desazón y desencanto con el sistema actual, que sólo favorece a los profesiona­les del hurto y genera insegurida­d en los turistas, que vuelven a su país sin cartera o móvil. Tenemos la sensación de que en cada servicio de guardia, el trabajo que hacemos en la administra­ción de justicia apenas produce resultados”.

El sistema hace una gran inversión de recursos en perseguir este delito a pesar de que ni es disuasorio ni obtiene ningún beneficio económico. Cada día, en la sala 120 de la Ciutat de la Justícia, se celebran los juicios rápidos por delitos leves, que son aquellos de carterista­s descubiert­os in fraganti o cuando intentaban perpetrar el hurto. La mayoría son juzgados por tentativa de hurto, que conlleva una multa de 15 a 30 días a razón de la cantidad que fije el juez. “Tampoco les puedes imponer una multa muy elevada porque, al fin y al cabo, sabes que si es muy alta, robarán más”, señala el fiscal. La cuadratura del círculo.

Este es el fin de un camino que se inicia con los Mossos o la Guardia Urbana patrulland­o por las calles buscando carterista­s. Cada día se topan con los mismos. “Son profe- del delito”, aseguran. Son especialis­tas que viajan por las principale­s ciudades de Europa al acecho del turista despistado. Cuando la policía los descubre, los identifica­n y los citan para un juicio que se celebrará dentro de 10 meses. Ese lapso de tiempo, y en esto coinciden jueces, fiscales y policías, los carterista­s lo dedican a seguir robando.

Cuando llega el día del juicio, la sala número 120 de la Ciutat de la Justícia está desierta de delincuent­es. Casi ninguno se presenta, ciñéndose al derecho que tienen de no acudir. Los juicios se celebran sin acusados. Un juez, un fiscal, un secretario judicial enjuician a un carterista que sólo consta en una hoja de papel. Los únicos que declaran son los testigos. Normalment­e son los mossos d’esquadra o los guardias urbanos que atraparon a los carterista­s y que se ausentan de su lugar de trabajo para ir a explicar cómo robaba. Confirman los hechos y entonces se dicta la pena. La cuantía oscila entre 75 y los 150 euros de multa. Un funcionari­o tendrá luego que localizar al carterista y notificarl­e la pena de multa, que en un 80% de los casos se acaba abonando. En caso de ausencia tendrá que ordenarse una búsqueda policial. Y vuelta a empezar. A esta inversión de recursos de la administra­ción de justicia han contribuid­o un juez de guardia, un fiscal de guardia, una secretaria judicial de guardia, unos funcionari­os de guardia, policías e incluso traductore­s que son citados por el juzgado por si, por sorpresa, alguno de los denunciado­s osa presentars­e al juzgado y no conoce ni el castellano ni el catalán. “Si no se le localiza, muchas veces da lugar a la prescripci­ón de la pena y el gasto público invertido será derrochado”, lamenta el fiscal Vicén.

DESTACA UN FISCAL BARCELONÉS “Sentimos que la administra­ción de justicia apenas produce resultados”

COINCIDEN JUECES Y FISCALES Los carterista­s no se presentan al juicio y destinan ese tiempo a seguir robando

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CÉSAR RANGEL Cazado. Un agente de los Mossos d’Esquadra cachea a un carterista después de cometer un robo en el paseo de Gràcia
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LV Celebració­n de un juicio de faltas sin acusado; la sala la preside la juez Cristina Ferrando, acompañada del fiscal Antonio Vicén

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