El gran juicio de Bankia.
Al delito de estafa se le podría sumar también el de supuesta falsedad contable
La vista judicial pública por la salida a bolsa de Bankia arrancó ayer con el anuncio de la Fiscalía de que podría endurecer la petición de penas a los 34 procesados, encabezados por el exvicepresidente Rato.
La Fiscalía abrió ayer el juicio oral del caso Bankia con una jugada agresiva sobre el tablero. Anunció que no descarta ampliar las acusaciones contra los procesados. Hasta ahora, la fiscal encargada del caso, Carmen Laúna, actuaba sólo contra los cuatro principales exdirectivos de la entidad, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. Pero en la primera jornada de la vista, dedicada a las cuestiones previas, se refirió a la posibilidad de considerar un nuevo tipo delictivo, el de falsedad contable, y extender la acusación al total de las 34 personas físicas y jurídicas procesadas en este caso.
Hasta ahora, a 30 de ellas sólo las acusaba la acción popular, cuyo representante más conocido es el letrado Andrés Herzog, que inició la batalla legal por las condiciones de la salida a bolsa de Bankia. El movimiento de la Fiscalía al manejar la hipótesis de incrementar las acusaciones puede tener relación con la intención de las defensas de pedir la aplicación de la doctrina Botín para los procesados a los que hasta ahora no ha acusado la fiscal del caso.
Dicha doctrina se invoca precisamente siempre en los casos en los que el fiscal no actúa y la única acusación –en ausencia de perjudicados directos por el delito– es la de quienes sostienen la acción popular. En este caso sí hay 168 personas que reclaman resarcimiento. Este factor, y la advertencia de la Fiscalía, lleva a pensar que la Audiencia no va a archivar el asunto para nadie, y que la composición del banquillo será al final del juicio la misma que ahora, a su comienzo. Por tanto, no es fácil que prospere la estrategia de algunas de las defensas para tratar de conseguir ahora un rápido sobreseimiento.
Este planteamiento del inicio de la partida fue lo más relevante de la primera jornada de la vista, junto a la nueva presencia del exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ante un tribunal de justicia. En esta ocasión, para responder de un presunto delito de estafa, por el que la Fiscalía le pide cinco años de prisión y la acción popular doce años. Rato y otros cinco acusados llegaron a la Audiencia Nacional en un furgón policial que les trasladó desde la cárcel de Soto del Real, donde cumplen las condenas que les fueron impuestas por el caso de las tarjetas black.
En el caso del exvicepresidente del gobierno y exdirector gerente del FMI, la pena impuesta por el Supremo, al rechazar su recurso de casación, fue de cuatro años y seis meses de prisión. El tribunal que ahora va a juzgar a Rato por el caso Bankia es el mismo que enjuició el asunto de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón –que llevó anteriormente el caso– asistió a la primera sesión del juicio. El exvicepresidente ocupó un asiento situado en la primera fila de los acusados. Iba vestido con americana y corbata, mantuvo una expresión serena durante la vista y se dedicó a tomar infinidad de notas sobre lo que se decía en la sala.
Al resto de los exconsejeros y exdirectivos de la entidad, así como para el holding BFA, la propia Bankia, la auditoría Deloitte y el socio auditor, Francisco Celma, son únicamente las acusaciones particulares y populares, que piden para ellos hasta doce años de prisión, las que les atribuyen falsedad contable, penada con entre uno y tres años de cárcel.
Anticorrupción sostiene que los cuatro ocultaron que el negocio de Bankia era inviable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener “a toda costa” los fondos necesarios, aunque señalaba que “las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador”. Por esta razón el primer escrito de conclusiones de Anticorrupción no incluía la falsedad contable, pero la Fiscalía ha previsto esta posibilidad tras la incorporación de la ingente documentación que hasta ahora no obraba en el procedimiento.
Anticorrupción sostiene que los acusados ocultaron que el negocio era inviable en un entorno de crisis