El PDECat no avalará unas cuentas del Govern que suban impuestos
Los comunes piden revertir los recortes con 1.700 millones extras de gasto
Que sacar adelante el presupuesto de la Generalitat del 2019 no será fácil lo evidencia que a estas alturas el Govern todavía no ha presentado el proyecto de cuentas en el Parlament. Y menos si uno de los partidos que lo integran –el PDECat, dentro de JxCat– rechaza rotundamente el aumento de impuestos que ha puesto encima de la mesa Catalunya en Comú Podem –el único aliado factible en las actuales circunstancias– como condición para aprobarlo. “Nuestra línea roja es que la presión fiscal no se incremente, sobre todo a las clases medias”, avisó ayer en este sentido David Bonvehí, presidente del PDECat, que, de lo contrario, se abrió a no avalarlo.
“Nos parece que el IRPF ya presiona lo suficiente en Catalunya, y esperamos que los presupuestos que salgan del Govern no vayan en esta dirección”, subrayó a modo de ejemplo, y reclamó que los “matices o concesiones” que se acaben realizando para aprobarlos no pongan en cuestión el proyecto de sociedad que tiene el propio Govern y los partidos que lo respaldan. “Si el precio del presupuesto tiene que ser cambiar nuestro modelo social o renunciar a nuestro proyecto político de seguir avanzando hacia la república, creo que como PDECat tendremos que decir que no estamos de acuerdo”, advirtió en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité nacional del partido.
La posición del PDECat, de todos modos, no está consensuada dentro de JxCat –que todavía no se ha pronunciado en público sobre la cuestión– y difiere de la del otro partido que integra el Govern –ERC–, que lleva tiempo mostrándose dispuesto a estudiar una reforma fiscal, pero a la vez alertando de que el margen de maniobra para conseguirla es escaso, como volvió a reiterar ayer mismo la portavoz Marta Vilalta. El Govern como tal, de hecho, también está abierto a considerar el aumento de impuestos, según avanzó la semana pasada la consellera de Presidència, Elsa Artadi, para hacerse con el respaldo de los comunes, con los que el vicepresidente Pere Aragonès, máximo responsable de las cuentas de la Generalitat, tiene previsto contactar de forma inmediata para empezar la negociación a partir de los números ya prácticamente definitivos. Unos números que el Departament d’Economia da por cerrados y sobre los que existe acuerdo en lo que respecta al reparto entre las conselleries, a excepción de un fleco pendiente de unos 40 millones con Polítiques Digitals i Administració Pública.
Los comunes, por su parte, han puesto un precio alto a sus votos y avisan de que sin una “reforma fiscal progresista” y un aumento notable del gasto social no facilitarán la aprobación de los presupuestos. En concreto, reclaman un incremento mínimo de 1.700 millones de euros para revertir los recortes en educación, sanidad y otros servicios que aún arrastra Catalunya. Entre otras cuestiones, piden que los próximos presupuestos incluyan una partida de 42 millones de euros para contratar 850 médicos de atención primaria más –sector que esta semana está en huelga–, 45 millones para las guarderías, 240 millones para la escuela inclusiva, 200 millones para la renta garantizada de ciudadanía o 495 millones para devolver las pagas extra de los funcionarios en dos años y no en siete, como propone el Govern.
Su propuesta es aumentar el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 90.000 euros anuales (hasta un 23,5%) y a 120.000 (25,5%) y reducir las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones, dos medidas que entienden que reportarían entre 600 y 700 millones extras a las arcas de la Generalitat. Una cuantía que no estaría sujeta al techo de gasto, afirmó el diputado de Catalunya en Comú Podem David Cid.
ERC difiere y está abierta a estudiar una reforma fiscal, pero ve poco margen para ponerla en práctica