La revisión de las pensiones por el IPC del 2018 costará unos 770 millones
Trabajo abonará una paga compensatoria, calculada con la inflación de diciembre
Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas este año tendrá un coste adicional de alrededor de 771 millones de euros. Ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social confirmó que la revisión de la subida de las pensiones, acordada por el Gobierno con Podemos, se hará con el IPC de diciembre y que la paga compensatoria se abonará a principios del 2019. Ayer mismo, el Ministerio de Trabajo publicó que la nómina de las pensiones contributivas superó en noviembre los 9.287 millones de euros –la tasa anual se ha disparado y ha pasado a crecer sobre el 5% desde la actualización de las prestaciones ejecutada en verano–.
El Ejecutivo estima que los precios cerrarán el año con una tasa interanual del 1,9%, por lo que excedería en tres décimas el incremento general para el 2018 rubricado hace unos meses en los presupuestos generales del Estado entre el gobierno de Mariano Rajoy y el grupo parlamentario del PNV. Como recuerdan desde la Seguridad Social, cada décima de desfase comporta un desembolso para el sistema de protección de 128,6 millones de euros. Así, de confirmarse las previsiones del Ministerio de Economía, la paga para compensar el aumento de los precios por encima del 1,6% costará 385,8 millones este año. Como dicho abono adicional se imputará a las cuentas del 2019 y se consolida, en total el desembolso del próximo ejercicio será de unos 771,6 millones de euros.
El secretario de Estado defendió ayer que la decisión de tomar como referencia el IPC de diciembre se debe a “problemas contables”. Hasta la reforma de las pensiones del 2013, impulsada por el PP, que supuso la desvinculación de la subida anual de las prestaciones respeto al IPC, la revisión se realizaba tradicionalmente con el índice de precios registrado cada mes de noviembre. La presión de los jubilados en la calle logró hace unos meses que los presupuestos de este año, junto al preacuerdo del pacto de Toledo, enterraran de facto el índice de revalorización, que condenaba a actualizar durante años las pensiones al 0,25% por los desequilibrios de un sistema con un déficit superior a los 18.000 millones de euros.
La revisión que acometerá en unas semanas la Seguridad Social se tendría que repetir a finales del 2019, en el caso de que el IPC superase de nuevo el 1,6%, tal y como recoge el acuerdo presupuestario del Gobierno socialista con la formación morada. Y, con ello, seguirían aumentando los compromisos de la Seguridad Social.
Ayer, la ministra de Trabajo, Seguridad Social e Inmigración, Magdalena Valerio, aseguró que su objetivo es “tener un sistema” saneado para el 2022/23, cuando se produzca una punta en la jubilación de trabajadores de la generación del baby boom.
Preguntada por cómo sacará adelante buena parte de las políticas que tiene en cartera, Valerio aseguró que, “para recuperar derechos y arreglar desaguisados, tenemos preparada una batería de medidas que irán en los nuevos presupuestos generales del Estado o por decreto ley”. “En la vida siempre hay que tener un plan A y un plan B”, defendió.
En un encuentro organizado por Europa Press, la ministra de Trabajo adelantó que en breve aprobarán un plan de choque por el empleo juvenil, que están ultimando
Valerio afirma que tiene una batería de medidas que aprobará con las cuentas del 2019 o por decreto ley
en la mesa de negociación con los sindicatos y la patronal. También destacó que están avanzados la rebaja a los 52 años de la prestación para los parados de larga duración y los cambios en el Estatuto de los Trabajadores sobre la ultraactividad, la superioridad de los convenios de sector o la regulación de las subcontratas.