Los médicos pactan con el Govern y dejan la huelga
La Generalitat asume los 12 minutos por paciente y contratará a 250 facultativos Protesta de 8.000 empleados públicos y estudiantes en Barcelona
Esta semana ha emergido en Catalunya una nueva e inesperada pulsión social. Nueva, porque ha desplazado el relato del procés y la independencia, hegemónico desde hace cinco años en el discurso político y en la protesta en las calles. E inesperada, por cuanto ha hecho converger en un mismo estallido a los principales sectores de los servicios públicos catalanes: la sanidad, la educación y la función pública.
La señal de salida la dio el lunes el personal sanitario frente a unos recortes presupuestarios que el sistema público arrastra desde que en el 2011 Artur Mas desplegara una draconiana política de austeridad en su primer mandato. De esos polvos vinieron estos lodos. En el caso de los médicos, el punto y final del conflicto llegó por fin anoche, al cuarto día de huelga. Pero, para alcanzar un acuerdo con grandes mejoras, los facultativos han tenido que mantener una firmeza combativa inédita en ellos en su pulso con el Govern. En una década y pese a sus esfuerzos, han perdido el 30% de su poder adquisitivo, haciéndose cada vez más atractiva la sanidad privada.
Más allá de ambulatorios semivacíos, la imagen más plástica de esa nueva pulsión social la deja la manifestación de ayer en el centro de Barcelona, que discurrió sin incidentes. Solo en esa ciudad, se concentraron según la Guardia urbana 8.000 médicos, profesores, estudiantes y funcionarios al grito, por ejemplo, de “Sigueu conscients que ens hem fet valents” o “Més bates, menys corbates”. Las consignas, obvia escribirlo, iban destinadas al Govern Torra. Hay quien ya ha interpretado la protesta como el despertar de la Catalunya real y plural frente a la Catalunya imaginaria del procés. Dignidad y precariedad han sido las palabras vertebradoras de las movilizaciones. Esas, y la sensación tan común como trasversal de hartazgo. El Govern ha visto cómo el tsunami de la protesta iniciada por los médicos –y que los ciudadanos han encajado sin apenas quejarse– se ha extendido más allá de los CAP, aunque con seguimiento desigual. Ayer sólo la Universitat de Lleida mantenía la actividad lectiva en la segunda jornada de huelga que sí secundaron de forma mayoritaria el resto de universidades públicas. Si los médicos dicen estar desbordados ante la presión asistencial, los estudiantes urgen a una rebaja del 30% de las tasas universitarias. Mientras los profesores asociados reclaman que se les pague un salario digno, los maestros piden recuperar las horas lectivas que se eliminaron para ahorrar. Y los funcionarios quieren que se les abonen las pagas extra pendientes del 2013 y el 2014 (1.100 millones), que fueron recortadas como medida de contención del gasto y que ahora el Govern ofrece devolver con una fórmula de prorrateo hasta el 2026. “Hemos tenido paciencia suficiente y exigimos un retorno digno”, resumió la portavoz del IAC, Assumpta Barbens.
Los empleados de la Generalitat son los únicos en todo el Estado que no han recuperado esas pagas extra. El próximo 12 de diciembre, si no se llega antes a un acuerdo, están llamados a parar por los recortes los 160.000 funcionarios de la Generalitat y los demás trabajadores de empresas públicas. Al margen de los dimes y diretes ante la inminencia de elecciones sindicales, se da la circunstancia de que CC.OO. y UGT, que sí secundaron las protestas por el derecho a decidir, no participaron en los paros de ayer convocados por la IAC.
El Govern de Quim Torra reconoce que los trabajadores públicos tienen parte de razón. No obstante, siguen achacándolo a que Catalunya está infrafinanciada. Al menos es lo que dijo ayer la consellera Laura Borràs, en un intento por redirigir el malestar social hacia el Estado. “Solo llegaremos a acuerdos que podamos cumplir”, sentenció ayer el vicepresidente Pere Aragonès, obviando el discurso identitario.
AL CUARTO DÍA
Los facultativos cierran un pacto tras mantener un pulso inédito con el Govern
LAS CUENTAS DE LA GENERALITAT Los comunes marcan distancias con el Govern en el primer día de negociación
Aragonès hacía estas declaraciones tras reunirse con los comunes, con los que JxCat y ERC han empezado a negociar un nuevo presupuesto de la Generalitat. Las nuevas cuentas son claves para atender las demandas de los afectados por los recortes, según ya dejó claro Aragonès hace unos días. El arranque de las conversaciones no podía ir peor en el jueves negro: los comunes quisieron marcar distancias con Torra condicionando su apoyo a más políticas sociales: “Estamos muy lejos del Govern”, aseguró Jéssica Albiach.
Los socialistas salieron en tromba, desde Barcelona y Madrid, a lanzar un mensaje inequívoco. Surfeando sobre las olas del tsunami, dijo la vicepresidenta Carmen Calvo que si el Govern necesita más dinero para paliar recortes, sólo tiene que apoyar los presupuestos del Estado, que aportarían 2.200 millones extra a las arcas de la Generalitat.
Sectores de las protestas y la oposición le han reprochado esta semana a Torra su silencio. El president sólo se referió públicamente al conflicto el martes para trasmitir su “empatía” con los médicos. A mediodía de ayer desde la Generalitat se hicieron públicas, fotos incluidas, dos reuniones que Torra había mantenido por un lado con consellers de ERC el miércoles, y por el otro, con los de JxCat ayer. La consellera de Salut, Alba Vergés, acudió a Palau con su bebé de 8 semanas, lo que da la medida de la urgencia de la cita.
Es pronto aún para decir si Catalunya ha iniciado un ciclo de protestas que entronca con las del 2011, lideradas por los mismos actores que hoy protagonizan las huelgas. Fue entonces cuando se desencadenaron sucesos tan relevantes como la acampada de indignados en mayo en la plaza de Catalunya y el cerco de junio en el Parlament. Incidentes, estos, sin los que no se entiende la evolución de los acontecimientos políticos en Catalunya.