Un nuevo juzgado absorberá el auge de juicios por hurto
Prospera la petición del TSJC para paliar el colapso de vistas rápidas
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la petición de la justicia catalana de ampliar la dotación de recursos para paliar el auge desenfrenado de hurtos que van camino de quedar prescritos antes de llegar a juicio. En una nota interna distribuida entre la judicatura a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el órgano de gobierno de los jueces informa que ha aprobado “una modificación singular en la forma de prestación del servicio de guardia de los juzgados de Barcelona”, con lo que a partir de enero “se constituirá un servicio de guardia para el enjui- ciamiento de los delitos leves” (antiguamente denominadas faltas).
Ahora el siguiente paso es que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Departament de Justícia concreten cómo se ejecuta la puesta en marcha del nuevo juzgado, aunque ambas administraciones trabajan con el objetivo de que pueda ponerse en marcha a partir del 1 de enero del 2019.
La conselleria indica que ahora ya destina el doble de funcionarios de lo que marca la normativa, con lo que ve asumible el desdoblamiento del servicio. La entrada en funcionamiento del nuevo juzgado está previsto que se prolongue durante un año y permita absorber la demanda con la celebración de 15.000 juicios rápidos cada año, lo que representan 60 juicios diarios por delitos leves. Para concretar los detalles de funcionamiento, la Conselleria de Justícia y el TSJC se reunirán el próximo 17 de diciembre en el marco de la comisión mixta. Barcelona contará así con un total de dos juzgados de delitos leves que llevará a cabo juicios rápidos que permitirán rebajar la congestión que arrastran desde hace dos años y que se acentúa con especial virulencia en el último año como consecuencia del incremento desmesurado de hurtos tras el nuevo desembarco de carteristas a la ciudad.
El pequeño delito se multiplica y esto origina que se amontonen las causas en las mesas de los jueces y su tiempo de resolución – un breve trámite– se dilate. En la actualidad, el periodo entre que se produce un hecho y llega a juicio se prolonga hasta los nueve o diez meses cuando el tiempo previsto debería ser de máximo diez días. Ademas, esos delitos prescriben a los 12 meses, con lo que corren el riesgo de quedar impunes. Otra paradoja que ha provocado el colapso actual es que los juicios rápidos son más lentos que los ordinarios, cuyo procedimiento se prolonga un par de meses. El TSJC por medio de la juez decana de Barcelona Mercè Caso, dio la voz de alarma en julio y reclamó
La Conselleria de Justícia ya destina el doble de funcionarios a las guardias y ve factible el nuevo servicio
de forma urgente la creación de un nuevo juzgado de guardia ante el riesgo de colapso.
El cambio de normativa del Tribunal Supremo en cuanto a la acumulación de delitos leves tampoco ha ayudado, más bien todo lo contrario, según apuntan tanto policía, como jueces y fiscales. Admiten que lejos de tener un efecto disuasorio, la ley es terreno abonado para que los carteristas actúen de forma reincidente e impune. La sentencia 481/2017 extinguió la fórmula con la que se pretendía atajar la reincidencia. Cuando se cometían tres delitos leves se convertía en un delito menos grave lo que acarreaba una pena de cárcel. Ahora los hurtos de menos de 400 euros se castigan con una multa y no importa cuántos se cometan. La Conselleria de Justícia también apunta al déficit de jueces como motivo de la congestión. Catalunya tiene diez jueces por cada 100.000 habitantes mientras que la media española se sitúa en 11 por cada 100.000. Para remediarlo, Justícia estima que deberían crearse 70 nuevos juzgados.