A la espera de soluciones
El creciente malestar social que vive Catalunya y que pone de manifiesto el aumento de las protestas y huelgas de diferentes colectivos; y el destino de la capilla de la Misericòrdia, que se disputan el Macba y el Departament de Salut.
HAY una corriente de malestar en el sector público de Catalunya. Los efectos de la política de recortes emprendida por el president Mas en el 2011 han sido soportados estoicamente por diversos colectivos. Pero su paciencia parece haberse agotado. Médicos, personal sanitario, profesores, estudiantes de distintos ciclos y funcionarios públicos participaron ayer en una jornada de huelga y se manifestaron ante el Parlament. Para los médicos, que a primera hora de la noche llegaron al fin a un acuerdo con el Departament de Salut, era ya la cuarta jornada de paro. Para los estudiantes, la segunda. Funcionarios de la Generalitat pararon ayer dos horas. Y no cabe descartar nuevos paros. CC.OO. y UGT han convocado a 160.000 funcionarios públicos a una jornada de huelga en defensa de sus reivindicaciones, el 12 de diciembre.
Cada uno de los sectores en lucha esgrime razones específicas. Pero todas ellas tienen el origen en la política de austeridad, que en Catalunya se aplicó antes que en otras comunidades y ya lleva muchos años vigente. Los médicos de atención primaria, tras perder el 30% de su poder adquisitivo, se quejan de que la reducción del número de profesionales y el consiguiente aumento del trabajo per cápita están deteriorando la calidad de la asistencia. Los universitarios reclaman una rebaja del 30% de las tasas. Los funcionarios de la Generalitat piden que se les abonen las pagas extras del 2013 y el 2014, y denuncian que son los únicos del Estado español que no han logrado tal restitución.
La respuesta apuntada ayer por el Govern a todas estas peticiones marca un camino que seguir. Otra cosa es si bastará para paliar la degradación del servicio. El president Quim Torra ha mantenido un silencio inexplicable. Aunque se estuviera en plena negociación, se espera del jefe del Ejecutivo catalán que manifieste su parecer ante las inquietudes del país. Antes de anunciarse el acuerdo de Salut, el Govern apenas había emitido ayer unos tuits, señalando que buscaba soluciones. El portavoz adjunto de Junts per Catalunya en el Parlament levantó el martes una ola de indignación al calificar el deterioro de la salud pública de “cuestión no esencial”, toda vez que sería una mera distracción ante lo que, a su entender, importa: la independencia.
Es lícito que el actual Govern tenga entre sus objetivos la independencia de Catalunya. Pero además de objetivos tiene obligaciones inexcusables, como garantizar la buena marcha del país. Son objetivos políticos legítimos, pero que no pueden entorpecer la mejora de las condiciones de vida de los catalanes mientras no se consigan. Y un mayor deterioro de la función pública sería un desastre que Catalunya no puede permitirse. El Govern argumenta que el sistema de financiación actual ahoga las posibilidades de Catalunya y es cierto que, en todos los rankings, esta se encuentra por debajo de la media en función de su número de habitantes. Es prioritario intentar revertir esa situación. Y el Gobierno central también debería ser sensible a esa reclamación. Pero eso no puede ocultar que el Ejecutivo catalán tiene márgenes para priorizar determinados gastos en detrimento de otros.
Los médicos llegaron anoche a un acuerdo con el Govern que llevará hoy la normalidad a los centros sanitarios. Será preciso seguir trabajando en esa línea para evitar que otros malestares que ya se apuntan acaben en conflictos mayores.