El Congreso culpa al Banco de España de no actuar en la crisis financiera
Los diputados instan a fijar sanciones para los responsables en futuras recesiones
Tras casi dos años de investigación y 80 comparecencias, el Congreso concluye en el informe de la comisión de investigación de la Crisis Financiera que el Banco de España, como máximo regulador y supervisor, y la CNMV, no actuaron para paliar la fuerte crisis que vivió el sector financiero y más en concreto la banca. Aunque el tsunami se vivió a escala internacional, en España había un componente idiosincrático, ligado “al hipercrecimiento de la actividad inmobiliaria y crediticia” , en el que no se actuó para frenarlo.
El informe hecho público, de 107 páginas, recoge que el Banco de España “la única medida de cierto empaque que tomó en la época de gestación de la crisis de cara a salvaguardar la solvencia de las entidades y la estabilidad del propio sector financiero fue la implantación de las provisiones contracíclicas”.
En este sentido, recoge que se produjo un crecimiento desmesurado en España de la actividad inmobiliaria y crediticia “basada en la falsa expectativa de que los precios de los inmuebles podían crecer de manera ilimitada”. Con esa premisa, continúa, “los bancos fueron concediendo cada vez más créditos con menores garantías de pago, lo que supuso un deterioro creciente de la cartera del negocio por la asunción de mayores riesgos”. Y, además, hace hincapié en que “las retribuciones variables de las cúpulas y los cuadros directivos de las entidades bancarias se ligaban a la consecución de esos objetivos”. De ahí, que se produjeron tres burbujas.
Debido a ese modelo de negocio, “el endeudamiento de los hogares y empresas no financieras se incrementó en el periodo 2000-2007 desde el 94% al 191% del PIB”.
Con relación a la evolución de estos factores, que a la larga supusieron el colapso del sector financiero en España, “el supervisor siguió una política que cuanto menos puede calificarse de laxa”. A lo que añade, salvo las provisiones contracíclicas, “el Banco de España trasladó en las visitas de inspección la recomendación (que no obligatoriedad) de respetar el límite del 80% en la financiación de hipotecas”.
Estas prácticas llevaron a que bancos y cajas de ahorro tuvieran mayor dependencia de los mercado mayoristas, así como un crecimiento muy significativo de las emisión de activos titulizados, con tasas de variación interanual superiores al 40%.
Además, el informe recoge que los inspectores del Banco de España avisaron en reiteradas ocasiones a la cúpula del supervisor, pero “ni por parte del Banco de España, ni del Ministerio de Economía y Hacienda se dio respuesta alguna a la situación”. De los pocos ejecutivos que han pasado por esta comisión y entonaron el mea culpa figura Pedro Solbes, que admitió en su día que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no le dejo actuar, lo que le llevo a abandonar su propia cartera en aquel Ejecutivo.
En cuanto a las preferentes, uno de los productos estrella que arruinó a miles de pequeños ahorradores, los diputados las tildan de “la gran estafa”, puesto que el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía “permitieron y potenciaron que los bancos y cajas se capitalizaran a través de estos productos”.
Entre las lecciones aprendidas destaca “la necesidad de crear un nuevo entorno regulatorio que proteja más al consumidor”. En este sentido, los diputados recuerdan que hay varias normas europeas pendientes de trasponer a la normativa española entre las que destacan MIFID2 (que armoniza la regulación sobre los mercados de valores y los instrumentos financieros que en ellos se negocian), así como la nueva directiva de servicio de pago o la nueva ley hipotecaria. Se da la paradoja de que la tramitación de alguna de estas normas se encuentra precisamente atascada en el Congreso. También instan a que se establezca un sistema sancionador para los responsables en futuras crisis. “Parece conveniente revisar la legislación en materia de responsabilidad y sanciones que afecta a gestores de entidades financieras, personal de organismos supervisores, así como al resto de agentes responsables implicados en el sector financiero”.
El informe contó con el respaldo de todos los grupos políticos excepto Unidos Podemos y Comprimís que se abstuvieron y Ciudadanos, que votó en contra por sus discrepancia en relación con las cajas de ahorro. Donde sí hubo una queja pública es “en la falta de transparencia y de colaboración de la Junta Única de Resolución”, ya que en la comparecencia de su responsable, Elke Konig, se negó a facilitar datos sobre la resolución del Popular.
VOTACIÓN
Podemos y Compromís se abstuvieron y Ciudadanos votó en contra por las cajas
RETRIBUCIÓN
El informe critica que los banqueros tenían vinculado el sueldo a la concesión de hipotecas