Austeridad y gasto público
Ámbitos relevantes de la administración catalana están en conflicto: sanidad, bomberos, escuelas, universidades, funcionarios públicos... La recuperación de recortes de la crisis y una financiación insuficiente podrían dar razón inicial a lo que sucede. Pero eso no es todo: por debajo del conflicto de estos días afloran deficiencias estructurales. ¿Cuáles? Las derivadas de la pregunta sobre el nivel y la calidad de los servicios públicos que deseamos. Y si estamos dispuestos a pagarlos.
Por ello, hay que distinguir entre la austeridad del pasado y el futuro que nos aguarda. En lo relativo a este aspecto, tenemos un serio problema. En los últimos 40 años, sólo hemos superado el 40% de gasto público sobre el PIB en las crisis cuando el subsidio de paro lo ha exigido. Pero, en etapas más ordinarias, nuestras administraciones no han superado el 38%, muy alejado del 46% medio de la eurozona o del 53% francés. En resumen, antes de los ajustes teníamos un nivel de gasto en la cola de la UE. Por ello sorprende que desde ámbitos del Govern se considere que estas insuficiencias podrían solventarse con la independencia. ¿Catalunya pasaría de pagar impuestos y tasas equivalentes al 36% del PIB al 56% de Dinamarca? Por estos lares, si algo intenta evitar cualquier gobierno es incrementar la presión fiscal. Y si aumentarla uno o dos puntos del PIB es más que complejo, ¿qué sucedería si quisiéramos ser daneses?
Por su parte, la austeridad fue coyuntural. Dado que la recuperación de competitividad exigía un ajuste, éste debió pactarse, tanto entre grupos sociales como intertemporalmente, con reducciones de salarios y empleo hoy a cambio de mejoras mañana. Pero ese pacto no fue posible porque el Partido Popular vio en la austeridad una oportunidad para reducir el tamaño del gasto público. Al igual que la administración de Artur Mas, que renunció a 500 millones de euros del impuesto sobre sucesiones justo cuando se desplomaba el resto del ingreso.
En suma, las protestas de estos días reflejan que llueve sobre mojado: un sector público históricamente infrafinanciado, al que se sumó la austeridad y otras políticas no tan inevitables. Por ello, no es casual que tanto el FMI como la OCDE destaquen que, aunque hay que evaluar cuidadosamente cómo se gasta, la deseable mejora de los servicios públicos deba proceder básicamente de aumentos de recaudación. Que desde instancias internacionales nos sugieran que deberían elevarse el IVA y los impuestos medioambientales, amén de mejorar la eficiencia del sistema fiscal, indica dónde nos aprieta el zapato.
¿Hay solución? Por descontado. Si queremos tener unos servicios parecidos a los de Francia o los del norte de Europa, hay que pagarlos. Este es el debate de fondo. No fuéramos a olvidarlo en el fragor del conflicto de estos días. Y, sobre todo, no nos hagamos trampas al solitario: no hay atajo para unos servicios públicos de calidad. Simplemente, hay que pagarlos.
No hay atajo para unos servicios públicos de calidad: simplemente, hay que pagarlos