Siete condenados por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres
La justicia de Honduras ha declarado culpables de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres a siete de los ocho acusados del crimen. Esta líder indígena, cuya vida se consagró a la preservación del medio natural, especialmente de su país, fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo del 2016, en su domicilio de la localidad de La Esperanza, en el sureste hondureño. El crimen, que desató una ola de movilizaciones y de condenas por todo el mundo, fue enseguida objeto de una intensa investigación que contó con un testigo clave, otro ambientalista, el mexicano Gustavo Castro Soto, que aquella noche sangrienta pernoctaba en la casa de Cáceres como huésped.
Del perfil de los condenados, exoficiales del ejército hondureño y ejecutivos de la firma Desarrollos Energéticos, se deduce que el asesinato fue el resultado de una confabulación empresarial que se sirvió de sicarios para acabar con la vida de la líder indígena que se oponía con firmeza a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el occidente de su país por Desarrollos Energéticos. Se da la circunstancia de que el propietario de la casa donde se localizó el arma homicida, que es hermano de uno de los ya condenados, ha resultado absuelto pese al llamativo hallazgo.
A la audiencia en la que se dio a conocer el veredicto también asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, de 85 años, abogados de la familia y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (Copinh), del que la ambientalista asesinada era su coordinadora general. La madre, una histórica de los movimiento indígenas, dijo no estar satisfecha con el fallo. “No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia. Estos bandidos van a pudrirse en la cárcel, a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar”, dijo Berta Flores. Existe la creencia de que quedan más conspiradores que no se han sentado en el banquillo de los acusados. Amnistía Internacional denunció ayer que las irregularidades en la investigación y proceso judicial del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres que dicen haber detectado enturbian el derecho a la justicia, verdad y reparación en este emblemático caso. Amnistía considera que no se ha localizado a todos los autores intelectuales del crimen.
Por su parte, fuentes diplomáticas norteamericanas en el país centroamericano aplaudieron el procedimiento judicial seguido “de manera imparcial”.