La crisis de los cuarenta
Digo yo que una Constitución que duró –¡en España!– cuarenta años bien merece, por lo menos, una pequeña celebración. Y pongo “en España” entre signos de admiración porque tenemos una historia constitucional de la que no podemos presumir: textos que no estuvieron en vigor ni un año, otros que no llegaron a entrar en vigor, otros anulados por el espadón o derribados por alguna revolución y ninguno redactado con el consenso que alcanzó el de 1978. No es cuestión de sacralizarla por eso, pero creo que sí merece un pequeño reconocimiento. Incluso del president Torra, aunque piense que “se ha convertido en una prisión” y él está muy por encima del resto de ciudadanos que se disponen a honrar su memoria.
Pero, ay, la Constitución española parece humana y está afectada también por la crisis de los cuarenta. Se venía venir desde que los nacionalismos catalán y vasco empezaron a marcar distancias y dejaron de acudir a los fastos de cumpleaños. Y se veía venir desde hace más de una década, cuando en todos sus aniversarios se plantea el mismo debate: la necesidad o la conveniencia de reformarla. Nadie acaba de decir claramente en qué artículos o en qué capítulos, pero la música de la fiesta está marcada siempre por el ruido de la reforma, aunque sea sin consenso.
La novedad de la edición 2018 es que se están viendo, y esta semana ha sido significativa, interesantes saltos cualitativos. La palabra reforma se ha quedado pequeña para determinadas fuerzas políticas y representaciones territoriales, porque reformar sería asegurar la continuidad del régimen del 78, y Podemos y los partidos secesionistas no están por la labor. Toma forma un viento de agitación de las estructuras con tres puntos de partida: Catalunya, donde se vive un mayor periodo de calma, sobre todo si se lo compara con el vivido en octubre y noviembre del 2017, pero el rebrote de la separación se percibe en cuanto se toca cualquier punto sensible; por ejemplo, los recursos financieros para atender las demandas sociales. El País Vasco, donde el PNV y Bildu han suscrito una iniciativa contra la Constitución, a la que califican como “antidemocrática”, y contra la Corona. Y algunas universidades que, siguiendo el ejemplo de varios municipios, promueven referendos sobre la monarquía. No conducen a nada ni tienen ninguna validez, pero agitan el debate sobre la forma de gobierno, en espera de la oportunidad de dar el salto definitivo.
Creo que no se está dando la debida importancia a este fenómeno, no mayoritario, pero creciente y que tiene el sonido de un periodo en que se trata de poner en cuestión los dos símbolos de la estabilidad, que son la Constitución y la monarquía. Visto desde quienes creemos en el sistema y defendemos los servicios que ambas han prestado y pueden seguir prestando a la convivencia, es como si alguien con mucha capacidad de influencia estuviera provocando un vendaval para destruir lo construido y consolidado estos cuarenta años. Constitución y monarquía son los ambiciosos objetivos. Le he llamado crisis de los cuarenta. Pero me apresuro a matizar que sólo es un eufemismo.