La encrucijada del PSOE
Para que la moción de censura contra Mariano Rajoy fuera un éxito, fuerzas políticas de signo ideológico muy distinto tuvieron que votar conjuntamente. Que partidos tan distintos pudieran acabar votando lo mismo fue consecuencia del hartazgo ante los escándalos de corrupción que arrastraba el Partido Popular. El PP se había negado a rendir cuentas, a pedir disculpas y a hacer una limpieza interna, optando más bien por negar las evidencias y poner toda clase de trabas a las causas judiciales.
El Partido Socialista Obrero Español encabezó la iniciativa de la moción de censura. Apenas si hubo tiempo para negociar con el resto de fuerzas parlamentarias, pues la presidenta del Congreso, en un error de bulto, aceleró los plazos pensando que así se desbarataba la posibilidad de forjar una alianza anti-Rajoy. Pero la premura no hizo sino reducirlo todo al dilema “Rajoy sí / Rajoy no” cuando ya estaba suficientemente madura la situación, de modo que una mayoría amplia de diputados se inclinó por censurar a Rajoy.
El PSOE, como principal responsable de la moción, tenía dos maneras de afrontar el futuro. Por un lado, podía pensar que entrar en el Gobierno con sólo 84 diputados, necesitando el apoyo de Podemos y de los partidos nacionalistas, resultaba una jugada demasiado peligrosa, tanto por la dificultad de poner de acuerdo a socios tan distintos, como por el hecho de que el PSOE se mantendría en el poder gracias al voto de los partidos independentistas catalanes, algo que para muchos españoles resulta aberrante e ilegítimo. Si ese era el diagnóstico, Pedro Sánchez debería haber sido investido presidente del Gobierno con el único propósito de convocar elecciones de inmediato y comprobar si el servicio prestado, librar a España de una derecha carcomida por la corrupción, era debidamente recompensado por la ciudadanía.
Por otro lado, el PSOE podía tomarse en serio su proyecto de Gobierno, tratando de construir una alianza estable con Podemos y los partidos nacionalistas para romper con la situación de bloqueo en la que se encontraba España desde las elecciones de diciembre del 2015. Dicho proyecto podría concretarse en dos grandes prioridades: revertir las políticas más regresivas e injustas de la época de Mariano Rajoy y lanzar una propuesta ambiciosa de reforma y negociación del modelo territorial que permitiese superar el enfrentamiento entre Catalunya y España, así como la división interna dentro de Catalunya.
Esta segunda alternativa parecía ser la elegida por Pedro Sánchez: aprobar unos nuevos presupuestos y abrir una negociación con el Gobierno catalán y los partidos independentistas. Evidentemente, no se trataba de dos aspectos separados: para que los presupuestos puedan salir adelante, es preciso establecer vínculos de confianza y apoyo con los partidos nacionalistas. Sin afrontar seriamente la cuestión catalana, no hay posibilidad de aprobar los presupuestos.
El Gobierno, sin embargo, no ha terminado de hacer ni una cosa ni la otra. Ni convocó elecciones nada más llegar al poder ni se ha atrevido a poner en marcha un programa político que permita avanzar simultáneamente en la cuestión social y en la cuestión catalana.
A pesar de la buena disposición del Gobierno de Sánchez ante el Govern de Torra, tal como queda de manifiesto en la apertura de canales de interlocución y negociación sobre asuntos económicos y técnicos, el Ejecutivo del PSOE no ha tenido voluntad de abordar el problema más urgente y delicado, que no es otro que el de la anomalía democrática y jurídica de los políticos presos. Aquí el Gobierno ha dado muestras de una prudencia extrema, por decirlo generosamente, pues todo ha quedado reducido a que la abogacía del Estado pida condena por delitos de sedición y malversación, olvidándose de la rebelión. Por su parte, la Fiscalía General del Estado no ha querido hacerse cargo de la situación, en una especie de dejadez de funciones, para de este modo evitar que la derecha política y mediática se le eche encima. La pasividad de la fiscal general, María José Segarra, ha sido bien llamativa: ha preferido que se consume la injusticia de las acusaciones de rebelión antes que enfrentarse a los fiscales conservadores del Tribunal Supremo. Y todo ello por un puro cálculo político, no por consideraciones jurídicas.
El precio que tendrá que pagar el PSOE por tanta prudencia va a ser muy alto. Lo más probable es que finalmente los presupuestos no se aprueben y que a Sánchez no le quede más remedio que adelantar las elecciones. Es decir, el proyecto por el que se apostó habrá quedado abortado y el PSOE tendrá que asumir el desgaste de todos estos meses de gobierno fallido. Un número importante de votantes puede acabar pensando que el PSOE no tenía otro propósito que el de durar en el Gobierno. Por mucho que el radicalismo que ha adoptado la derecha de Ciudadanos y PP ponga las cosas más fáciles al Partido Socialista, alargar el periodo de Gobierno sin lograr avances visibles sólo servirá para que vuelvan las dudas sobre la credibilidad de las propuestas que el PSOE hace cuando no está en el poder.
La alternativa que se ha dejado pasar consistía en romper decididamente con la visión dominante en España con respecto a la crisis catalana. Era la condición necesaria para poder hacer políticas “a la portuguesa”. Por supuesto, una estrategia así requería asumir riesgos y tomarse en serio el liderazgo político en su sentido más puro: un verdadero líder no es aquel que sigue el clima de opinión dominante, sino quien consigue dominarlo y moldearlo, provocando un debate profundo y una reconsideración por parte de la ciudadanía de asuntos complejos e importantes.
La indefinición del PSOE terminará pasando factura. Si no había una intención auténtica de resolver el problema de los presos, mejor haber convocado elecciones de inmediato. Lo peor para el PSOE es que sus votantes potenciales concluyan que el Gobierno se ha dedicado a ganar tiempo.
El Gobierno de Sánchez no ha tenido voluntad de abordar el problema más urgente y delicado: la anomalía democrática
y jurídica de los políticos presos
Lo más probable es que finalmente los presupuestos no se aprueben y que a Sánchez no le quede más remedio que adelantar las elecciones