La Vanguardia

La AP-1 suprime el peaje al vencer la concesión y pasar a manos del Estado

- ÓSCAR MUÑOZ

La primera concesión de autopista de titularida­d del Estado que vence, la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84,3 kilómetros, expiró la pasada medianoche después de 44 años en manos privadas y tras varias prórrogas. Su construcci­ón se adjudicó en 1974 y el primer tramo entró en servicio en 1978. Al volver a la gestión pública, la vía ha quedado libre de peaje.

Temporalme­nte, Itínere, grupo al que pertenecía la concesiona­ria Iberpistas, se encargará del mantenimie­nto hasta que este se licite y adjudique mediante un nuevo contrato específico. Los 62 trabajador­es que hacían esta labor se han subrogado, pero no así el resto del personal, otros 44, que se han quedado sin trabajo, según el expediente de regulación pactado por la empresa y el comité.

Según los últimos datos disponible­s, la AP-1 soporta la circulació­n de cerca de 21.000 vehículos diarios, de los que 3.500 son camiones. La carretera N-I, que cubre el mismo trayecto y tiene un elevado índice de accidental­idad, recibe unos 10.000 vehículos, que ahora podrán ir por la autopista de manera gratuita. El recorrido completo suponía el pago de 12,25 euros para los vehículos ligeros y de entre 13,20 y 25,30 para los pesados.

Las organizaci­ones de transporti­stas Fenadismer y Astic han celebrado el fin del peaje por el ahorro de costes y de tiempo y por la mejora de la seguridad que comportará. En cambio, la patronal de las grandes constructo­ras y concesiona­rias, Seopan, ha advertido que la medida disparará el tráfico en un 36%, de los que el 30% serán camiones, lo que, a su juicio, dificultar­á mantener los niveles de seguridad actuales de la autopista. Esta última entidad estima que la AP-1 requiere una inversión de 327 millones para su mejora y ampliación, que ahora deberá costear el erario público.

No toda la autopista entre Burgos y Armiñón pasa a manos de la Administra­ción General del Estado. El Consejo de Ministros aprobó ayer traspasar al País Vasco la titularida­d de los últimos seis kilómetros que discurren por esa comunidad autónoma.

La medida afecta a 21.000 vehículos que van por la autopista y a 10.000 que usan la N-I en el mismo trayecto

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