El Supremo estudia paralizar la exhumación de los restos de Franco
La justicia va a a tener un papel destacado en la controversia sobre la exhumación de los restos de Franco. Los nietos del dictador han acudido al Tribunal Supremo (TS) para cuestionar dicha decisión, y han pedido que mientras se analiza el fondo del asunto se paralice la ejecución de cualquier iniciativa que pretenda llevar a cabo el traslado a cualquier lugar distinto a la tumba de El Escorial en que fue enterrado.
El asunto corresponde, por su naturaleza, a la Sala de lo Contencioso, que ha admitido a trámite el recurso, en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada Celsa Pico. Como segunda medida, se ha dirigido a la Abogacía del Estado para que formule alegaciones frente a la iniciativa de la familia de Franco.
El plazo que tiene el Abogado del Estado es de diez días. Transcurrido este período, la sección de la Sala de lo Contencioso encargada del caso decidirá sobre la medida cautelar solicitada. Es decir, resolverá si debe ordenar la paralización de cualquier trámite que persiga facilitar la exhumación de los restos del dictador. Dicha sección está presidida por el magistrado conservador Jorge Rodríguez Zapata.
El recurso de los familiares de Franco se dirige contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre para impulsar el procedimiento de exhumación. La decisión suponía entre otras medidas la remisión al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial de un proyecto para llevar a cabo el desenterramiento. El propósito era empezar a tramitarlo de acuerdo con las previsiones de la ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quedó encargada de promover las iniciativas necesarias para que se pudiera acceder a la basílica del Valle de los Caídos cuando hubiera que llevar a cabo la exhumación.
El recurso de los descendientes de Franco –según anticipó ayer El Español– se basa en el artículo 25 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El letrado Luis Felipe Utrera-Molina –representante de dichos familiares– expone en su escrito que existen “irregularidades ya producidas en el marco del procedimiento de exhumación”. Y ello por cuanto “debiendo tener (dicho procedimiento) carácter colectivo respecto de todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a consecuencia de la Guerra Civil, tan sólo se ha incoado respecto de los restos mortales de Francisco Franco”.
Para el letrado Utrera-Molina, este dato demuestra “la existencia de una disposición de caso único que afecta al derecho a la intimidad personal y familiar de los recurrentes, reconocido en el artículo 18 de la Constitución y en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos”. Y todo ello por cuanto los familiares del dictador “han manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo”.
El recurso sostiene que los familiares del dictador han mostrado “de forma unánime su frontal oposición”