Falsos Reyes Magos
Alas 0.00 h del sábado 1 de diciembre, las barreras del peaje de la autopista AP-1 se levantaron gratuitamente, después de 40 años de no hacerlo. Si hacemos caso a la alegría con que los ciudadanos de entre Castañares (Burgos) y Armiñón (Álava) recibieron la noticia de la liberación de esta ochentena de kilómetros parece como si este año los Reyes Magos de Oriente hubieran anticipado su visita a España un mes. Sarcasmos aparte, el caso de la AP-1 es el primero de una oleada de concesiones administrativas otorgadas entre los años setenta y primeros ochenta que hicieron posible la dotación de una red potente de vías de alta capacidad y que expirarán próximamente. Entre ellas está la AP-7, la primera que se construyó en España, verdadera joya de la corona del sistema y que finaliza su concesión en diciembre del 2019. Ahora que parece que nadie sabe decirnos qué es lo que conviene para asegurar nuevas décadas de progreso y libertades para todos, quizás será bueno recordar que la construcción de esta autopista fue sugerida por las autoridades del Banco Mundial, justamente en el marco de una estrategia de modernización para la economía española. El acierto de las decisiones que se tomaron entonces está en el origen del bienestar que hemos disfrutado hasta ahora.
Lamentablemente, tengo la impresión de que la acción política de los últimos años ha venido marcada en exceso por la improvisación, la mirada corta y el populismo. Así, todo un ministro de orientación formalmente liberal como Íñigo de la Serna anunció que no se prorrogaría ninguna de las concesiones que tenían próximo su vencimiento. Con su anuncio, y como se ha visto en tantas otras cuestiones, quedaba claro que el PP tenía mucho más de nacionalista que de liberal. Incapaz de revisar el modelo para superar las incoherencias (la primera, los desequilibrios y discriminaciones territoriales), les debió de parecer mucho más cómodo chutar la pelota adelante y dejar más gasto público y déficit a las futuras generaciones.
El ejemplo de la AP-1 nos avisa de que la gestión de las vías de altas prestaciones es un tema complejo, que hay que abordar sin demagogias y sin presuponer intereses espurios en quien defiende su externalización. Siendo conseller de Territori i Sostenibilitat, consciente de que esta era una cuestión estratégica, encargué a la UPC la “Evaluación de los costes del rescate de las concesiones de autopistas y vías en régimen de peaje de la Generalitat”. Del estudio esperaba ciencia para tomar las decisiones correctas y, también, como ha hecho en tantas otras ocasiones el catalanismo político, poder tomar decisiones que resultaran ejemplarizantes para el conjunto de España. El estudio advertía de la complejidad de la red catalana y de su financiación, así como de los riesgos de tomar determinadas decisiones. Así, antes de decidir la gratuidad se hacía necesario valorar los costes que comportaría compensar a los concesionarios actuales por el rescate de sus contratos (en el 2015, más de 2.767 millones), así como los efectos indirectos (costes de mantenimiento, costes laborales de extinción de los trabajadores contratados y costes fiscales, en forma de menor recaudación de impuestos sobre sociedades y de IVA) que implicaría este rescate.
Aparte de estas cuestiones contractuales, sin embargo, el estudio advertía de la necesidad de tener clara la lógica del modelo. Porque se puede discutir sobre si los concesionarios tienen que ser públicos o privados. Pero lo que es indiscutible es que las vías de altas prestaciones tienen que ser de pago. Así lo reclama la última directiva europea (pago por uso y pago por contaminación) y así lo exigen razones de justicia y equidad social. Hace falta que quien use una vía de altas prestaciones contribuya a su mantenimiento y hace falta que quien contamine más pague más. Contrariamente, hay que poder estimular una política de bonificaciones para los ciudadanos que usan una vía de forma recurrente, que se dotan de vehículos poco contaminantes y que optimizan sus viajes. Así lo articulamos en la C-32 y en la C-16 y así creo que se tiene que seguir extendiendo en el conjunto de la red viaria de otras prestaciones.
Uno de los síntomas más estridentes del acceso de fiebre populista que nos ha asolado durante estos últimos años ha sido la campaña “No quiero pagar”, dirigida contra los peajes de las autopistas. Grave error. Porque ni Catalunya ni el conjunto de España se pueden permitir el mantenimiento y la extensión adecuados de vías de altas prestaciones disponiendo sólo del presupuesto público. Ahora bien, es evidente que sí que lo podrían hacer pero a costa de tener que mantener recortes contra la sanidad, la enseñanza y la protección de los más débiles. O incrementando la presión fiscal y cargando el coste de su populismo en las ya lo bastante castigadas espaldas de las clases medias. Desengañémonos, es indiscutible que las autopistas del futuro serán de pago. La discusión se centra, en todo caso, en si las tenemos que pagar entre todos, al margen de si las utilizamos o no. La alternativa a este razonamiento es jugar a hacer de Reyes Magos.
Es indiscutible que las autopistas del futuro serán de pago; la discusión es si las tenemos que pagar entre todos