El Poder Judicial exige proteger a los jueces en Catalunya
La cúpula judicial encarga un informe detallado de ataques a magistrados
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzó ayer una seria voz de alarma sobre la situación de los jueces en Catalunya. En una extensa declaración aprobada por su comisión permanente, la cúpula judicial pidió al Ministerio del Interior y a la Generalitat un “plan integral” para “la protección de las personas de los jueces y magistrados que prestan servicio en Catalunya y de las sedes judiciales, así como que se informe de las gestiones llevadas a cabo para su adopción”.
Desde el episodio del lanzamiento de pintura amarilla en el portal del domicilio del juez encargado del caso 1-O, Pablo Llarena, la preocupación en el CGPJ por este tipo de actos ha sido creciente. La declaración hecha pública ayer subraya que la permanente del Consejo “ha tenido conocimiento de los recientes ataques sufridos en numerosas sedes judiciales de Catalunya, que han aparecido cubiertas de excrementos y pintadas de diverso tipo que incluían mensajes de odio insultantes y amenazantes”.
De hecho, el problema fue analizado en la reunión que la permanente mantuvo el pasado miércoles. De ahí surgió el encargo de elaborar un extenso comunicado reclamando una reacción enérgica de las autoridades estatales y de la Generalitat. La redacción del texto, con el festivo del día de la Constitución en medio, se consensuó en contactos mantenidos ayer, sin una nueva reunión presencial de los vocales.
Finalmente, la declaración hecha pública refleja la intensa preocupación que se ha instalado en el Consejo, porque “en Catalunya se reproducen y multiplican los ataques a jueces, a sus familias, a sus bienes y a las instalaciones judiciales”. Al tratar de hallar las raíces del problema, el Consejo afirma que “estas actitudes se iniciaron hace ya algunos años (...), alentadas por miembros de las instituciones autonómicas catalanas que promovieron manifestaciones ante sedes judiciales, como fórmula de rechazo al cumplimiento de sus obligaciones por parte de jueces y tribunales, ofendiendo con ello gravemente las condiciones constitucionales en las que debe desenvolverse la división de poderes”.
El comunicado también entraña una fuerte queja, porque argumenta la cúpula judicial que no es la primera vez que llama la atención de las autoridades del Gobierno y la Generalitat sobre la materia. Y subraya que la repetición de hechos como los descritos “nos permite afirmar que no se percibe por este Consejo que se estén adoptando las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad de las personas de los jueces y magistrados, las de sus familias y sus bienes, ni la de las personas que colaboran con ellos, así como las de los lugares donde prestan servicio”.
El Consejo lamenta que “tampoco se percibe efectividad alguna en la investigación y persecución de muchos de los actos” a que se refiere el comunicado “por parte de las autoridades competentes”. Por tanto, el CGPJ no acusa abiertamente a nadie de pasividad, pero sí de inoperancia.
Ante todo ello, el Consejo acordó también solicitar al presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Barrientos, un informe detallado sobre el problema, “con una relación circunstanciada con todos los incidentes producidos” en relación con “ataques sufridos por jueces y magistrados que prestan servicios en Catalunya, así como de sus familias y bienes”, y de las sedes judiciales. Todo ello “con expresión de si constan detenciones o personas acusadas” por los hechos.
El órgano de gobierno de los jueces también se dirige a la Fiscalía General del Estado para solicitar “que investigue los ataques” aludidos y “supervise las actuaciones de investigación y persecución” de tales agresiones. La finalidad buscada es asegurar la “suficiencia y corrección” de esa labor, y “descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades”. En definitiva, el Consejo del Poder Judicial pide a “los poderes públicos” con competencias en la materia que actúen “de manera efectiva” tanto en la prevención como en la persecución “de los delitos que se cometan” contra jueces destinados en Catalunya.
El Consejo insta a la Fiscalía a investigar si se está haciendo todo lo posible para evitar el acoso a la justicia