Las ayudas a la industria obligarán a una permanencia de tres años
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, explicó ayer que las ayudas estatales a las empresas industriales conllevarán a partir de ahora un compromiso de continuidad de tres años y de mantenimiento del 85% de la plantilla en caso de despido colectivo. Estos criterios se recogen en el decreto ley aprobado ayer por el Gobierno con el fin de impulsar a la industria, según explicó la ministra en rueda de prensa en la Moncloa tras la reunión ordinaria semanal del Consejo de Ministros.
El compromiso de continuidad será aplicable a las subvenciones de compensación de costes de dióxido de carbono (CO2) que se van a pagar este mes, antes de que acabe el año. “Que haya un compromiso de continuidad para evitar casos de cierres de empresas que, una vez que ha pasado el periodo de devolución de los dineros, deciden irse; todos les ponemos nombre a estas empresas”, añadió Maroto.
Uno de los objetivos de la nueva ley es retener a empresas como Alcoa. La multinacional estadounidense del aluminio ha planteado su voluntad de cerrar las plantas de A Coruña y Avilés. Los efectos de la decisión sobre las zonas en las que opera Alcoa ha llevado a los diferentes ejecutivos autonómicos a reclamar del Gobierno de Pedro Sánchez un mayor compromiso con su continuidad. Como señaló la ministra, que no mencionó en ningún momento a la multinacional, “es positivo que también la empresa se arraigue en el territorio, y que ayude al Gobierno para que cualquier ayuda no sólo sea para el desarrollo de su actividad productiva sino también para generar empleo y, sobre todo, la continuidad”.
Entre las medidas propuestas, dirigidas especialmente a las empresas con mayor consumo energético, figura también la creación de redes eléctricas internas en los principales polos industriales, el establecimiento de un estatuto de consumidor electrointensivo y el pago inmediato de las compensaciones por los costes derivados de las emisiones de CO2.
“Vamos a crear redes de distribución eléctrica cerradas en zonas industriales como Tarragona o Huelva, entre otras, redes que van a permitir a las empresas de estas áreas industriales tener una reducción de los costes de la energía”, dijo la ministra. En el área petroquímica de Tarragona, donde las multinacionales alemanas y estadounidenses son hegemónicas, llevan años quejándose del diferencial que supone operar en España por los altos precios de la energía que deben soportar.