Un juez requisa el móvil a dos periodistas para investigar una filtración
Agentes de la Policía Nacional han requisado los teléfonos móviles de un periodista de Diario de Mallorca y otra de Europa Press en las sedes en Palma de ambas empresas, en las que también han requerido la entrega de ordenadores, en el marco de la investigación sobre una filtración periodística.
Según informaron fuentes de ambos medios, la Policía ha actuado en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción 12 de Palma, que instruye la causa de presunta corrupción conocida como caso Cursach y que dirige el juez Miquel Florit. Los agentes requirieron a los periodistas información sobre las fuentes de un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, que se publicó a pesar de que la pieza estaba declarada secreta. En concreto, el juez viene indagando los lazos entre este empresario y agentes de la Policía Local de Palma.
La Asociación de Medios de Información (AMI), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, los sindicatos y colegios profesionales –entre ellos, el Col·legi de Catalunya–, así como representantes políticos baleares criticaron dicha confiscación.
La AMI considera la incautación de los teléfonos y los registros de redacciones, con retirada de ordenadores en el caso de Europa Press, un grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación. La asociación quiso recordar además a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes. Todas las organizaciones de medios de información subrayaron que el uso de estos métodos para tratar de desvelar la fuente de una información sobre el proceso judicial que se sigue en el caso Cursach es una vulneración del secreto profesional. Condenan además que a la redactora de Europa Press se le haya negado –según ha informado la agencia de noticias– el derecho a la asistencia jurídica y expresan su apoyo a la negativa de Diario de Mallorca a dar los ordenadores requeridos de forma voluntaria.
La Fiscalía del Estado confirmó su apoyo a la diligencia solicitada por la Policía para acceder a “los dispositivos de almacenamiento de información” de los periodistas. El ministerio público precisó que los periodistas no son objeto de la investigación y sostiene que la actuación está amparada en los artículos 573 y 575 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que se puede ordenar el acceso a documentos que puedan recoger “algún hecho o circunstancia importante de la causa”.
La investigación de la filtración, solicitada al juez por la Fiscalía y los representantes legales de Cursach y su ex director general Bartolomé Sbert, se ha venido desarrollando durante los últimos meses. El magistrado Miquel Florit abrió una pieza separada dentro del caso Cursach a raíz de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional en el que se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros y se advertía de la implicación de 18 personas. Las defensas de Cursach y Sbert se quejaron por la filtración, de modo que el magistrado ordenó la incoación de diligencias previas por un posible delito de revelación de secretos y ordenó a la policía que investigara el origen de la filtración.
Duras críticas de la AMI, la FAPE y colegios profesionales por el “grave ataque” al derecho de información