Puerta abierta a la congelación de la T-10

Después de varias semanas tanteando la posibilidad de subir las tarifas del transporte público el año que viene, la Generalitat dio ayer un giro en su discurso, dejando la puerta abierta a su congelación. La portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, aseguró que estudiarán la posibilidad buscando un “acuerdo global sin líneas rojas”. Lo hizo como respuesta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en la Cadena Ser advirtió de que votarán en contra de la subida en el consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). El organismo que decide las tarifas se reunirá mañana para decidirlo.

El gobierno municipal lleva apretando para conseguir la congelación desde el anterior consejo de administración, hace dos meses, cuando la teniente de alcalde Janet Sanz ya lo puso sobre la mesa. Se basa en el acuerdo entre el PSOE y Podemos para los presupuestos del Estado, que prevé un incremento de 40 millones de euros en la aportación anual que el Gobierno destina a la financiación del transporte público barcelonés. De ser así, sería fácil hacer cuadrar los números entre las aportaciones de las administraciones y el coste del servicio.

Con el gobierno del PP la partida estatal no hizo más que bajar año tras año mientras que la autonómica, la metropolitana y la local no tenían más remedio que subir. Los comunes del Ayuntamiento y los socialistas del AMB ven en el apoyo de Madrid la manera de mantener en 10,20 euros el precio de la T-10 sin tener que hacer un nuevo esfuerzo de sus arcas, pero para ello necesitan el voto favorable de los partidos independentistas a los presupuestos.

Ante este escenario, la Generalitat tiene dos opciones: o sacar de algún lugar como mínimo 20 millones que harían posible la congelación de precios o aceptar el papel de malo de la película y cargar con la responsabilidad de la subida de tarifas al bloquear la llegada del dinero de Madrid con su voto contrario a la propuesta presupuestaria de Pedro Sánchez.