Trabajo y los sindicatos ultiman la revisión de la reforma laboral
Preacuerdo sobre control horario, papel del convenio de sector y ultraactividad
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acercado posiciones sobre la revisión de la reforma laboral del gobierno del PP. Los sindicatos anunciaron ayer un preacuerdo que deberá aplicar el Ejecutivo socialista. Los principales puntos se refieren al control de los horarios de trabajo para evitar alargamientos de jornada, la prioridad del convenio de sector sobre el de empresa y la ultraactividad.
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC.OO. y UGT han llegado a un “preacuerdo” sobre una primera tanda de medidas para acabar con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha calificado de los puntos más “lesivos” de la última reforma laboral. “Se ha cerrado un primer bloque dentro de la mesa de trabajo del diálogo social, hay una propuesta que damos por buena, y ahora lo que corresponde es buscar las fórmulas legales para aplicarlo”, aseguró ayer la secretaria de Acción Sindical de CC.OO., Mari Cruz Vicente. “Somos partidarios de que estos cambios que hemos negociado con Trabajo se tramiten por la vía más rápida posible”, apostilló Gonzalo Pino, secretario de Acción Sindical de UGT. Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo reconocieron “avances muy favorables” en la negociación, pero evitaron hablar de un acuerdo “completamente oficial”.
Desde los sindicatos explican que los cambios consensuados se centran en la ultraactividad de los convenios colectivos (para que la vigencia se prolongue mientras se esté negociando uno nuevo), la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa y el control horario de la jornada. También apoyan una propuesta para cambiar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, de forma que las plantillas de las subcontratas tengan las condiciones laborales, incluido el salario, equivalente a los trabajadores de la empresa principal. Una reivindicación de la que han hecho bandera en los últimos años tanto los sindicatos mayoritarios como el movimiento de las camareras de hotel, las autodenominadas kellys.
Así, han recibido el visto bueno sindical las propuestas de Trabajo de “eliminar” el umbral del 15% de tasa de paro para las ayudas a los desempleados de larga duración –programas como el PAE o Prepara–, la jubilación forzosa, negociada por convenio y limitada a los trabajadores que ya tienen derecho a recibir la prestación completa, y rebajar a los mayores de 52 años la ayuda para parados que han agotado su prestación.
Este principio de acuerdo certime fica que la derogación parcial en la que se ha embarcado el departamento de Magdalena Valerio no cuenta con el apoyo de la patronal. En la mesa del diálogo social sobre empleo y relaciones laborales, los representantes de CEOE y Cepy- han mostrado su rechazo a la inmensa mayoría de las propuestas que tienen que ver la derogación parcial de la reforma laboral.
Hoy mismo, el consejo confederal de CC.OO. tiene previsto analizar, entre otras cuestiones, los cambios en regulación laboral que han negociado con el Gobierno. “Hay cosas que no pueden esperar más”, insistieron ayer desde la formación de Unai Sordo, hondamente preocupados por la incertidumbre
Las formaciones sindicales aseguran que ahora Trabajo ha de decidir cómo aprobar estas modificaciones
que envuelve a la duración de la legislatura. En los últimas días, los sindicatos mayoritarios han metido presión en público a Trabajo para que se ponga en marcha la maquinaria de los cambios en la legislación laboral. “Una vez hemos dado el OK a las medidas que tomar, pedimos que se convoque la mesa general del diálogo social y se ratifique el acuerdo. Somos partidarios de aprobarlas vía decreto ley, porque es la forma más veloz y porque así veremos si cuenta con el apoyo político para la convalidación y también quién se va oponer a reconducir nuestro marco de relaciones laborales”, resumió Pino.
Con un acuerdo en el que la patronal brilla por su ausencia, el departamento de Valerio ha de afrontar el reto nada sencillo de lograr una mayoría parlamentaria que apoye los cambios, convalidando los decretos ley o aprobando los proyectos de ley correspondientes.