Ataque a la información
Amplio rechazo a la decisión de un juez de investigar las fuentes de dos periodistas
Un juez de Palma se ha incautado de los teléfonos móviles de dos periodistas para indagar sobre sus fuentes.
La información judicial, en especial sobre los casos de corrupción, está en peligro. Y con ello el ejercicio de derechos constitucionales esenciales cuya relevancia no sólo atañe a los medios de comunicación, sino a la sociedad en general.
Este riesgo se deriva de la decisión del juez de Palma Miquel Florit, al haber ordenado a la Policía que se incautara de los teléfonos móviles de dos periodistas –José Francisco Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press– para indagar sobre sus fuentes de información en relación con el caso Cursach, uno de los muchos casos de supuesta corrupción que han asolado Baleares en los últimos años.
Del curso que siga este asunto puede derivar un daño irreparable para el derecho a la información, en la medida en que se levanten barreras difíciles de franquear para los periodistas, situados a partir de ahora en un terreno de grave inseguridad jurídica y profesional. En su visita a las redacciones del Diario de Mallorca y Europa Press, la Policía –bajo orden judicial– no sólo se incautó de los móviles de los dos periodistas, sino que pretendió llevarse los ordenadores que habían manejado.
En el caso de Europa Press, la fuerza actuante mostró la orden judicial y se llevó tanto el ordenador portátil de la periodista requerida como otro de mesa. En el caso del Diario de Mallorca, visitado previamente por los agentes, no exhibieron el documento del juez, y ante la negativa a la demanda de entrega de dispositivos de la redacción, se limitaron a decir que no esperaban esa respuesta y que ya volverían. Ayer no regresaron.
El objetivo habría sido conocer sus fuentes tras la publicación de noticias relacionadas con informes sobre las contribuciones tributarias del Grupo Cursach. Las actividades de este grupo están siendo investigadas en un sumario declarado secreto, en el que se trata de averiguar si el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach ha venido actuando en sus negocios en connivencia con agentes de la Policía Local de Palma.
Tanto la directora de Diario de Mallorca, María Ferrer, como el director de Europa Press, Javier García Vila, manifestaron ayer a La Vanguardia que tienen en estudio la presentación de una querella en respuesta a estas actuaciones judiciales. Fuentes de Prensa Ibérica, editora de Diario de Mallorca, calificaron lo ocurrido de “coacción intolerable”.
En paralelo, más de 200 periodistas han suscrito un escrito dirigido a la fiscal general del Estado en el que se cuestiona el papel de la Fiscalía en este asunto, al haber apoyado las requisas. “Se trata –razona el texto– de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodística” que están protegidas por la Constitución en su artículo 20, relativo a la libertad de expresión y el secreto profesional.
La fiscal general, María José Segarra, dijo ayer que “la Fiscalía y los jueces clarísimamente velamos por esa libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes, nuestra intención no es vulnerarlo”. Se desconoce que la Fiscalía haya hecho algo para oponerse a la requisa de dichos teléfonos y ordenadores. El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, dijo ayer que él ya avisó de que intervenir tales materiales era “delicado”, pero que la Fiscalía Anticorrupción no lo vio así. El Consejo Fiscal, a su vez, eludió ayer pronunciarse sobre las incautaciones.
‘Diario de Mallorca’ y Europa Press estudian la presentación de una querella por la requisa de material periodístico