Onerosa jubilación
El Gobierno, partidario de compensar las prestaciones con el dato de noviembre
El Banco de España advierte de que la vuelta a la fórmula de actualizar las pensiones con el IPC tiene un coste importante para las arcas públicas y que se llevará un 16% del PIB a finales de la década del 2040.
El Banco de España advirtió ayer de que la vuelta a la fórmula de actualizar las pensiones con el IPC tiene un coste importante para las arcas públicas. En uno de sus análisis, el organismo supervisor estima que no aplicar la reforma del 2013 supone un incremento del gasto en doce años de 1,9 puntos del PIB (en el 2030) y de 3,4 puntos, en el 2050. De forma que, a finales de la década de los 40, supondría un 16% de la actividad económica anual. Según sus cálculos, este es el coste de tumbar de facto el índice de revalorización de las pensiones –vinculado al estado financiero de la Seguridad Social, que comportaba a una subida del 0,25% “durante gran parte de las próximas tres décadas”– y postergar la rebaja en función de la esperanza de vida para los nuevos jubilados.
Ante esta situación, advierten, es necesario realizar ajustes para salvaguardar un sistema que arrastra un déficit de unos 18.000 millones de euros. “Las medidas recientes adoptadas relativas al sistema de pensiones requerirán actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema, con el objeto de garantizar su sostenibilidad”, reclaman.
Tal y como recuerda además el Banco de España, el derribo de estos dos pilares de la última reforma provienen tanto de los presupuestos generales del Estado de este año y los compromisos para las próximas cuentas –al haber consensuado subir al menos, un 1,6% las pensiones en el 2018 y en el 2019– como del acuerdo inicial de los distintos grupos que conforman el Pacto de Toledo para volver a blindar el poder adquisitivo de los jubilados. En ambos contextos, se consuma la resurrección de la actualización de las pensiones vinculada al IPC y el aplazamiento hasta el 2023 en la aplicación del polémico factor de sostenibilidad.
Desde el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, destacan que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cuantificado que las mejoras en prestaciones acordadas por el Gobierno del PP, a las que hay que sumar el compromiso de los socialistas con Podemos para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, comporta un incremento del gasto “de unos 2.500 millones de euros en el 2018 y de unos 5.300 millones (un 0,4% del PIB) en el 2019”.
Mientras, los economistas del Banco de España calculan que postergar la aplicación de factor de sostenibilidad para los nuevos jubilados supone un aumento medio del gasto anual de pensiones durante una década de una décima del PIB y de tres décimas en los diez años siguientes.
Las estimaciones del organismo supervisor sobre el impacto parten del supuesto de que la actividad económica aumentará de media cada año un 1,2%, la inflación, un 2%; los salarios, un 3,3%, y el número de pensiones, un 1,6%.
Mientras, el Gobierno de Sánchez sigue con la gestión cotidiana de una cuestión económica y políticamente tan sensible como son las más de 9,5 millones de pensiones públicas. Así, fuentes del Ejecutivo reconocieron ayer que son partidarios de actualizar el poder adquisitivo de los pensionistas –acordado con Podemos– con el IPC de noviembre. ¿La razón? Temen que la tasa de inflación del último mes del año se sitúe por debajo del 1,6% ya aplicado en verano, por lo que no tendrían que abonar la anunciada “paguilla” por el desfase sobre los precios. “Los pensionistas tienen que salir beneficiados en esta elección del indicador”, defendían ayer con rotundidad fuentes gubernamentales, al tiempo que admitían que aún no habían descartado del todo la posibilidad de aplicar incluso una media anual del IPC. El mes pasado la tasa se situó en el 1,7%, de forma que el Estado debería aumentar una décima la nómina de los pensiones para este año. Desde Trabajo calculan que una décima cuesta 128,6 millones este 2018 y, al consolidarse, otros 128,6 millones para las cuentas del 2019.
Hace sólo unas semanas, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se inclinaba por tomar como referencia el dato de diciembre. También es cierto que en ese momento las previsiones de Economía pasaban por unas estimaciones más favorables para las cuentas del Estado al cierre del año –para el que proyectaban una reducción hasta el 1,9%–. Fuentes de Trabajo no aclararon, sin embargo, si el consejo de ministros dará luz verde a la actualización de las pensiones del 2019 antes de que acabe este año o lo vinculará a la futura presentación de los nuevos presupuestos generales del Estado. Sí que confirmaron, en cambio, que en la reunión del día 28 aprobarán, al menos, un decreto con la subida de las cotizaciones. Además del incremento del 22% en las bases mínimas –acorde con la mejora del salario mínimo–, también recogerán el suave aumento de cuotas para los autónomos y el alza de las bases máximas, “que será cercano al 5%”.
HASTA EL 16%
El supervisor avisa de que el gasto crecerá el equivalente a 3,4 puntos del PIB en el 2050
‘PAGUILLA’
Subir una décima las pensiones supone 257 millones más de desembolso en dos años