Casado contra el 78

Uno de los pilares de la España de 1978 es la puesta en marcha del Estado autonómico. El proceso no ha sido perfecto, pero la imperfección es sinónimo de realidad y la realidad de los últimos 40 años es que nuestra democracia no hubiera sido tal sin el reconocimiento fundacional del autogobierno catalán y su desarrollo (religado a la idea de solidaridad entre las partes que integran el conjunto del país). Contra este afán constituyente, con más beligerancia que nunca, están atacando las principales familias de la derecha nacionalista española con la voluntad de revertir un proceso sin el cual no podría explicarse la etapa de democracia más larga de la España moderna. Afirmar eso no equivale a eximir de responsabilidades el independentismo gubernamental del último lustro, que de una manera iliberal y deliberada subvirtió el marco legal para hacernos naufragar prometiéndonos una Ítaca inexistente, pero tampoco caigamos en el pecado de la equidistancia. Hoy Casado y Rivera, con el pretexto de combatir el desgobierno soberanista, quieren imponer una nueva planta que lime aún más las posibilidades de hacer política de una Generalitat que ciertamente va a la deriva.

En esta coyuntura el viernes se celebrará el Consejo de Ministros en Barcelona. A pesar de sus buenas intenciones iniciales, son escasas las posibilidades que la fragilidad del Gobierno socialista salga reforzada de la cita. Paradójicamente quien se frota las manos esperando disturbios son los que rezan para que se autocumpla su profecía sobre una violencia hasta ahora inexistente y que situaría nuestra sociedad en un escenario convivencial trágico. Si no fuera así no se entenderían declaraciones como las de Arrimadas –refiriéndose a “actos violentos que se repetirán”– o las de Casado cuando afirmó que en Catalunya “hay 16.000 hombres armados en manos de un loco fanático como Torra”. Son provocaciones que pretenden encender una llama. La hoguera en las calles la desean para imponer su objetivo declarado: reactivar el artículo 155 para iniciar una demolición premeditada del Estado territorial de 1978. Quienes ahora mismo son su objetivo, antes que nadie, son los Mossos d’Esquadra.