Losgrafitis:unactovandálicodemasiado frecuentequeafectaatodalasociedad
Es responsabilidad de todos denunciar las pintadas para terminar con la impunidad de los grafiteros
Adía de hoy nos hemos acostumbrado a ver grafitis como parte de nuestro paisaje metropolitano. Sin embargo, cada pintada altera el mobiliario urbano e implica un gasto para el habitante, puesto que su limpieza sale de los impuestos. Muros, puertas, cierres metálicos, bancos, vallas… Aunque ver las llamativas firmas de colores de los writers, como también se conoce a los grafiteros, no es nuevo, sí es un asunto serio, que incumbe a toda la sociedad: las pintadas ensucian, su limpieza tiene un coste y muchas de las bandas de grafiteros usan la violencia cuando son descubiertas. Sin duda, pintar grafitis es ya un problema social difícil de erradicar, pero no imposible. Para lograrlo se impone la necesidad de concienciar a ciudadanos e instituciones de estos actos vandálicos y tratarlos como hechos delictivos.
El tema de los grafitis está sobre la palestra y en los últimos meses másquenunca,dadoelincremento de ataques producidos a golpe de espray a instalaciones ferroviarias. Cuando un grafitero realiza una pintada en un tren en marcha, provoca un retraso para el viajero y un riesgo para su salud, ya que pueden producirse caídas al activar el frenodeemergencia.Pero,además, el tren afectado tendrá que ser retirado del servicio para su limpieza, lo que implica que permanecerá al menos una semana inactivo. Es entoncescuando,nosexplicandesde Renfe, la operadora ferroviaria debe adaptar recorrido, horario y frecuencia en esa línea, causando un perjuicio para los viajeros, sin olvidar que el coste de la limpieza “lo pagan los ciudadanos con sus impuestos”. Pese a que cuando un grafitero es cogido en acción se le impone una sanción, es innegable que hay otros actores implicados a los que este hobby les sale caro: ciudadanos, miembros de seguridad y erario público.
Los datos anuales de toda España revelan que Renfe ha afrontado un gasto de 25 millones de euros para evitar y limpiar grafitis en su parque de trenes. De este importe, 15,7 millones corresponden a lo que cuesta a la empresa limpiar los grafitis que se realizan en los trenes, mientras que otros 10 millones se destinan a medidas de vigilancia y seguridad. Un 45% de los grafitis que se realizan en los trenes e instalaciones de Renfe se producen en Catalunya, con una media de cinco incidencias diarias, lo que afecta gravemente al funcionamiento del servicio. Según la compañía ferroviaria comunicó a principios de diciembre, “actualmente el 87% de los trenes que conforman el parque de Rodalies de Catalunya están pintados con grafitis”. En los últimos años, la intensidad creadora ha aumentado significativamente, provocando que dos millones de viajeros sufran, solo en Catalunya, retrasos en 2018 por estos actos vandálicos, que le han
Los grafitis son un problema social que poco tiene que ver con el arte cuando conllevan violencia y costes que se pagan de los impuestos de los ciudadanos
costado a la compañía 10 millones de euros, de los cuales 7,5 millones están relacionados con la limpieza de los grafitis. Si esa inversión revirtiera en mejoras para el transporte, la sociedad saldría ganando.
A la vista de estos datos económicos, podríamos pensar que los grafitis se traducen en costes económicos. Nada más lejos de la realidad. Como han puesto de manifiesto los asaltos de los últimos meses, los grafiteros actúan en muchas ocasiones en bandas, encapuchados y armados con barras de hierro, y no les importa toparse con guardias de seguridad, trabajadores, incluso viajeros. Su respuesta ante ellos es también cada vez más violenta, lanzando incluso piedras contra los agentes de seguridad privada. Solo en Renfe se registraron el año pasado 177 agresiones en Catalunya a trabajadores de la compañía y personal de seguridad privada. El repunte de asaltos es un reflejo del sentimiento de impunidad asentado entre los grafiteros. Todas las operadoras coinciden en que la solución es el endurecimiento de la ley. “Es imprescindible una modificación legal”, dice Oriol Juncadella, presidente del Observatorio de Civismo. Los ataques de los grafiteros deben recibir el tratamiento de delito y no ser solo una falta de daños sin otra repercusión legal. Juncadelladeclaraque,asimismo, es necesario que “se acumulen los hechos delictivos” para que los autores de las intrusiones respondan de sus actos ante la justicia.
Cada vez que se producen, Renfe denuncia este tipo de actos ante la autoridad competente y asegura colaborar con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “Es esencial la concienciación e implicación de instituciones y ciudadanos para luchar contra estas acciones”, asevera la operadora.