El fiscal del Tribunal de Cuentas acusa a Puigdemont de gastar 9 millones el 1-O
El cálculo difiere del establecido por el Supremo, que sólo ve delito por 3 millones
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha instado a reclamar a Carles Puigdemont y al que fue su gobierno un total de nueve millones de euros que considera que se desviaron para la celebración del referéndum.
Parece que la historia se repite. Societat Civil Catalana (SCC) y la Fiscalía actuaron ante el Tribunal de Cuentas contra Artur Mas por la consulta del 9-N. Ahora hacen lo mismo contra Carles Puigdemont por lo gastado en el 1-O. Con una diferencia importante. En el primer caso nadie formuló previamente una acusación de malversación en vía penal. Aquí si. Y mientras la Fiscalía del Supremo cifra el delito de malversación en 3,07 millones de euros, ante el Tribunal de Cuentas estima un coste hipotético de 8 millones.
Son cifras provisionales, sobre las que se le pide ahora al Tribunal de Cuentas que investigue, en persecución de un supuesto de responsabilidad contable, que es totalmente distinta a la responsabilidad penal. La irregularidad contable no tiene por qué ser siempre delictiva.
En este caso lo más relevante es la falta de encaje de los cálculos de la Fiscalía del Supremo y la del Tribunal de Cuentas. El procedimiento que debe seguir la demanda es el mismo que el observado en el caso del 9-N. Ahora se nombrará un instructor, que elaborará un informe sobre los gastos indebidamente realizados, por corresponder a un fin ilícito. El documento quedará luego en manos de la sección presidida por Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con el Partido Popular en la etapa de José María Aznar en la presidencia del Gobierno.
La misma magistrada celebrará la vista contra Puigdemont y sus excolaboradores si prospera la investigación contable que se va a abrir.En paralelo, la primera sentencia sobre el caso 9-N está ahora recurrida ante una instancia colegiada del propio Tribunal de Cuentas.Estos procedimientos, en suma, suelen ser largos.
Entre los gastos que se reprochan ahora a Puigdemont, sus exconsellers y aún otros colaboradores, hasta un total de 19 personas, figuran algunos ya investigados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y en la causa del Supremo y que incluye los gastos en publicidad, en los observadores internacionales que estuvieron presentes en Catalunya 1 de octubre o los que devengó el fallido envío de material para la formación de los centros de votación. El informe del fiscal del Tribunal de Cuentas aprecia otros gastos más sorprendentes como serían los que originó la adaptación de los sistemas de contabilidad del Govern a los sistemas de control impuestos por el Gobierno central para que no se gastara dinero en el 1-O. En total, según esta estimación, casi 3.000 euros.
La Fiscalía señala a Carles Puigdemont como máximo responsable de este gasto indebido pero también a sus más directos colaboradores. En este caso, al exvicepresident Oriol Junqueras y a todos los exmiembros del antiguo Govern de Puigdemont. El informe también señala a la exinterventora de la Generalitat y a los consellers que dejaron el Govern unos meses antes del 1-O, como Neus Munté, Jordi Jané, Jordi Baiget y Meritxell Ruiz. Ello quiere decir que, llegado el caso de una condena, todos deberían hacer frente a la cantidad que se les imponga de forma conjunta y solidaria.
Por su parte, Societat Civil Catalana en su demanda imputa como gasto el dinero que se desembolsó para el traslado, alojamiento y manutención de los 6.000 miembros de la Policía y la Guardia Civil que se destinaron a impedir el referéndum del 1-O. 87 millones de euros.
El expediente va a ser tramitado por la misma sección que ha condenado a Artur Mas por el 9-N