Catalunya, en negro
Aragonès reactiva el sistema de pago de impuestos de los funcionarios
A dos meses del cierre del año fiscal, las cuentas de la Generalitat se mantienen en positivo, con un superávit que se mantiene en el 0,18%, equivalente a 429 millones de euros.
El Govern quiere recuperar el programa para hacer de intermediario en el pago de los impuestos de los funcionarios de la Generalitat y las empresas públicas con la Agencia Tributaria de España. En el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el ejecutivo de Mariano Rajoy anuló ese programa hace un año.
El sistema ideado por el Govern de Carles Puigdemont implicaba que en la última fase todo el pago de impuestos de los funcionarios (IRPF) y de las empresas públicas (IVA) pasaba por la Agència Tributària de Catalunya (ATC) justo antes de que esta los ingresara en la Agencia Tributaria Española. Desde Hacienda se consideraba que era un papel que no le correspondía a la comunidad y se podía interpretar como una fórmula para facilitar el cobro íntegro de los impuestos del sector público por parte de la Administración catalana. Cuando se derogó, el que era entonces portavoz del ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, justificó la decisión afirmando que el programa “no existía en ninguna otra comunidad autónoma” y que “los propios responsables políticos hablaban que formaba parte de la creación de estructuras de Estado”.
Ayer el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que “es una decisión que puede tomar la Generalitat de acuerdo con el Estatut y el ministerio no tiene nada que decir al respecto. Se trata de nuestra potestad autoorganizativa”. Preguntado por qué no se había recuperado en estos meses en los que ya no está en vigor el 155, Aragonès contestó que “hemos priorizado los recursos humanos al hacer el despliegue territorial”.
El responsable de Economía y Hacienda de la Generalitat hizo estas reflexiones durante la presentación del balance de la transformación de la Administración Tributaria de Catalunya. Ese proceso ha permitido un ahorro de gestión de 8 millones este año y que alcanzará los 33,7 millones en el 2027. Entre el 2015 y el 2017 el sobrecoste de poner en marcha el sistema fue de casi 30 millones, por lo que se comenzará a amortizar a partir del 2020.
Entre las medidas puestas en marcha destaca la recuperación de la gestión completa de los tributos que hasta septiembre del 2017 estaban parcialmente externalizados en los colegios de registradores de la propiedad. El director de la ATC, Eduard Vilà, recordó ayer que el colectivo de los registradores interpuso una demanda a la Generalitat por la rescisión del contrato.
En el informe presentado ayer, la Generalitat reconoce que tras la transformación, los ciudadanos disponen de 203 puntos de atención con 721 trabajadores. La ATC gestiona y recauda todos los tributos cedidos y propios. Según la secretaria de Hacienda, Marta Espasa, la nueva ATC ha mejorado la lucha contra el fraude como lo muestra el hecho de que se ha incrementado en un 21% la cuota media del impuesto de transmisiones patrimoniales y en un 93% el de sociedades y donaciones. Precisamente Espasa aseguró que la mayor pérdida de recaudación es el resultado de la infravaloración en patrimonio y sucesiones.
La ATC ahorra este año más de 8 millones con la nueva organización que comenzó en el 2015