El Tribunal de Cuentas exige 25 millones a Ana Botella y su equipo
La exalcaldesa vendió viviendas públicas a fondos buitre por debajo de su precio de mercado
El Tribunal de Cuentas ha impuesto una sanción de 25,7 millones a Ana Botella, a seis concejales y al gerente en el Ayuntamiento de Madrid por vender de forma “ilegal” 1.860 viviendas públicas a una sociedad de fondos buitre por debajo de su precio.
El Tribunal de Cuentas ha impuesto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, a los seis integrantes de su junta de gobierno y a un gerente municipal el pago de 25,7 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por la venta de 1.860 viviendas públicas a una sociedad de fondos buitre por debajo de su precio y de forma “ilegal”. Botella y los exmiembros de la junta tendrán que pagar solidariamente 22,7 millones, y el gerente de la empresa pública que gestionaba esas viviendas, Fermín Oslé, 3 millones.
Aparte de la baja tasación, las irregularidades consistieron en que la venta, realizada por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), se llevó a cabo sin concurrencia ni publicidad.
El fondo de inversión Fidere pagó por ese conjunto de viviendas un total de 128 millones de euros, cuando el valor contable de los pisos alcanzaba los 159 millones. Se trataba de un paquete de 1830 viviendas públicas, cuya venta por debajo del precio de mercado habría causado a las arcas municipales un perjuicio que, según el Tribunal, asciende a 25,7 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas estima que la enajenación se llevó a cabo “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma”, y sin “fijar con carácter previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar”. La resolución añade que la citada empresa municipal “no promovió una verdadera concurrencia” puesto que “con carácter previo y por tanto privilegiado” la empresa pública facilitó información sobre la compraventa a cuatro entidades, una de las cuales, Fidere, fue la adjudicataria.
A la vista de todo ello, el Tribunal de Cuentas considera probado que la excaldesa y los ediles de su equipo de Gobierno “no advirtieron ni evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público”. Y añaden que de este modo “incurrieron al menos en negligencia grave (...) pues no previeron ni impidieron el perjuicio en el patrimonio público” ni cumplieron “el grado de diligencia que les era exigible”.
En paralelo a esta sentencia está en marcha un procedimiento penal iniciado por una denuncia del PSOE, que fue archivado y luego reabierto en el 2017. El equipo municipal de la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, está personado en esa causa.
Los exmiembros del equipo de Ana Botella afectados por la resolución del Tribunal de Cuentas son, además de Fermín Oslé, Concepción Dancausa –exdelegada del Gobierno en Madrid–; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito –altos cargos del actual Gobierno regional–; Dolores Navarro, y Pedro del Corral, actual concejal.
Todos ellos han manifestado el propósito de recurrir el fallo. Afirman que no intervinieron en la operación, de la que responsabilizan a la EMVS. Botella dijo a su vez en el 2016 que la operación persiguió garantizar la supervivencia de la empresa pública.
En sentido contrario también se plantea recurrir el gobierno de Manuela Carmena, porque calcula el daño patrimonial causado por la venta en 127 millones de euros y no en 25,7 millones. La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, dijo ayer que el Ayuntamiento estudia reabrir un proceso de nulidad de la operación que tuvo que archivar debido a un dictamen, vinculante y desfavorable de la Comunidad de Madrid. El presidente autonómico, Ángel Garrido, que en el 2013 era concejal con Botella, pero no estaba en la junta de gobierno, cuestionó la venta de vivienda pública a fondos de inversión, como hicieron sus compañeros del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento actual eleva el daño a las arcas municipales a 127 millones y recurrirá la sentencia