Las pensiones subirán un 1,6% en enero y las mínimas crecerán hasta el 3%
Los convenios podrán recoger la jubilación forzosa de los trabajadores si tienen derecho a percibir el 100% de retiro
El último Consejo de Ministros del año dio ayer el visto bueno a un extenso paquete de medidas relacionadas con el sistema de cobertura social y el mercado laboral. Sin duda, la decisión que afecta a un colectivo de ciudadanos más amplio tiene que ver con las pensiones: el Gobierno confirmó que, tal y como acordó con Podemos, a partir del o 1 de enero se revalorizarán las prestaciones de la Seguridad Social un 1,6%, salvo en el caso de las mínimas y no contributivas, que experimentarán una subida del 3%. A continuación se desgranan las implicaciones de la revalorización y otras decisiones tomadas ayer en el decreto ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
En el próximo año, 7,04 millones de pensiones subirán un 1,6%. El presidente Pedro Sánchez defendió que los beneficiarios de estas prestaciones experimentarán “una ganancia de poder adquisitivo, frente a años de merma constante”. Las pensiones más bajas –las más de 2,6 millones de mínimas y otras 450.000 no contributivas– tendrán una revalorización del 3%, al tiempo que se eleva la base reguladora para las pensiones de viudedad, que sube del 56% al 60%. Con el año nuevo, la pensión mínima para un jubilado oscilará entre los 835,8 euros al mes en 14 pagas y los 599 euros, en función de su edad y situación familiar. Con respecto a la subida aprobada en julio, para este tipo de pensiones, supone una mejora mensual de entre 25,2 y 18,10 euros. Además, la pensión máxima se sitúa en 2.659,41 euros al mes (44,45 euros más).
Siguiendo los compromisos con Podemos, habrá una pequeña paga que compense la desviación entre la actualización inicial de las pensiones y la evolución de los precios a lo largo de este año. La Seguridad Social ha establecido que este pago única –que supone subir una décima más las prestaciones, con efectos de 1 de enero del 2018– se abonará antes del próximo 1 de abril. La compensación se ha calculado teniendo en cuenta la media de las tasa anuales del IPC entre diciembre del 2017 y noviembre del 2018, que fue del 1,7%. Una décima más pues del incremento aprobado con los presupuestos generales del Estado.
La mejora de estas prestaciones para el próximo año aumenta el desembolso en pensiones públicas en 2.591 millones de euros. A los que hay que sumar otros 256 millones de euros para hacer frente a la paguilla del 2018 y a su consolidación en el nuevo año.
En contra de lo inicialmente previsto, el Ejecutivo se ha inclinado por retrasar el cambio legislativo donde recoger la implantación de una nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones. De momento, no se sustituye oficialmente el polémico índice de revalorización aplicado por el PP entre el 2014 y mediados de este año y que supuso subidas de sólo el 0,25% y fuertes protestas en la calle de los pensionistas. Aunque el Ministerio de Trabajo defiende, y está aplicando de facto una subida vinculada a la inflación, también acordada en la comisión del Pacto de Toledo, se dan seis meses para negociar cómo garantizar por ley el poder adquisitivo de los pensionistas.
Este subsidio de 430 euros para desempleados que ya han agotado sus prestaciones se desvincula del nivel de paro del país. Además, el Ministerio de Trabajo se compromete a cerrar con sindicatos y empresarios un nuevo sistema de ayudas a parados de larga duración antes de que acabe el próximo mes de abril.
Las bases mínimas se adaptan al fuerte incremento del salario mínimo y se elevan un 22,3%, mientras que la base máxima sube un 7%. Pero, 2,5 millones de autónomos no se ven afectados por la subida de la cotización mínima ya que en su caso sólo pagarán 64 euros más al año, a cambio además de mayor cobertura. Al tiempo, se introducen multas de hasta 10.000 euros por trabajador para los empresarios que, de forma irregular, conviertan a sus empleados en falsos autónomos para ahorrar cuotas sociales. Además, para luchar contra la rotación, el recargo en la cuota empresarial de los contratos de hasta cinco días de duración sube del 36% al 40%.