La Generalitat ofrece ahora 53 millones por ATLL
El juez avala que la nueva empresa pública opere el 1 de enero
Nuevas cuentas sobre Aigües Ter Llobregat (ATLL). La comisión liquidadora del contrato de concesión, integrada por varias instancias de la Generalitat, ha fijado una segunda propuesta para zanjar el asunto. En vez de reclamar a la concesionaria, controlada por Acciona, 38,42 millones de euros, que fue la primera cantidad comunicada, ahora ofrece pagarle 53,86 millones. Este importe es el resultado de un cálculo que se ha hecho tras un auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 19 de noviembre que aclaró que el contrato no era nulo de pleno derecho sino anulable.
La comisión, según informó ayer el Departament de Territori i Sostenibilitat, “ha vuelto a valorar los conceptos susceptibles de resarcimiento, consistentes en gastos del contrato derivados de su invalidez”. Al resultado positivo de 53,86 millones, precisa, hay que descontar 46 millones que ATLL “ya ha abonado en conceptos jurídicotributarios (42,2 millones en impuesto de sociedades y 3,8 millones en impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) que la compañía deberá reclamar primero a las agencias tributarias que corresponda”. Por tanto, la Generalitat deberá abonar, según este cálculo, 7,86 millones a la concesionaria. Siguen sin contemplarse compensaciones por daños y perjuicios y lucro cesante, elementos que la compañía hasta ahora prestadora del servicio sí consideran.
El resultado ya ha sido comunicado a ATLL, que tiene diez días para presentar las alegaciones que crea oportunas.
La propuesta de la comisión liquidadora contrasta con los derechos que los accionistas de ATLL consideran que tienen. Estiman que la Generalitat debe pagarles 305 millones por la liquidación y 769 millones en indemnizaciones por daños y perjuicios, incluidos los beneficios dejados de percibir. A esta cifra, a su juicio, habrían de restarse 38 millones de deducciones por provisiones. En total, 1.036 millones que la Administración catalana debería abonarles para dar el asunto por cerrado. Así las cosas, las posiciones siguen a años luz la una de la otra.
Mientras la discusión económica continúa abierta y la amenaza de que el asunto irá a los tribunales e incluso a un arbitraje internacional –el fondo británico Pioneer Point Partners, también accionista de la compañía, se lo está planteando–, el traspaso de la actividad y de los activos y pasivos a una nueva sociedad pública, que se conocerá con las siglas ATL, sigue adelante. El TSJC le dio ayer luz verde al rechazar la solicitud de la actual prestadora del servicio de la aplicación de medidas cautelarísimas para aplazar el traspaso mientras no
Acciona solicitó sin éxito al TSJC que aplazara el proceso hasta completar la liquidación del contrato
se acordase la liquidación del contrato de concesión.
La nueva ATL pública, que dirigirá Josep Andreu Clariana, tiene previsto arrancar con una financiación inicial de 38 millones por parte de la Agència Catalana del Aigua (ACA), que devolverá en un plazo de 36 meses. La sociedad asume unos pasivos cercanos a 387 millones. La Generalitat ha subrogado a los trabajadores de ATLL.