El Govern usará una ley ómnibus y las cuentas para recuperar leyes del TC
La Generalitat trasladó su intención al Ejecutivo de Sánchez hace un mes
La recuperación de las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional fue uno de los compromisos a los que llegaron Pedro Sánchez y Quim Torra en su primer encuentro en la Moncloa en julio. No obstante, los trabajos de las comisiones técnicas se han ido demorando y, desde entonces, sólo se ha rescatado el contenido de dos leyes: la de universalización de la asistencia sanitaria pública y la de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética. Ahora, el Govern de Torra estudia la manera de acelerar el proceso mediante un proyecto de ley ómnibus que incluya modificaciones legislativas de las normas suspendidas.
Se pretende cumplir así con una moción de la CUP aprobada en el Parlament en julio en el que se insta ejecutivo catalán a recuperar el contenido de esas normas en el plazo de seis meses. El plazo acaba a finales de enero, de ahí que el Consell Executiu haya incluido en su orden del día del próximo 8 de enero la aprobación de la memoria general y de impacto. Se trata de un paso obligatorio previo a la aprobación de un anteproyecto de ley por parte del Govern, que no tiene fecha.
No obstante, los servicios jurídicos de la Generalitat también se están estudiando otras vías para recuperar el contenido de esas leyes recurridas. Según fuentes del Govern, una opción podría ser el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el 2019, que podría incluir medidas fiscales aprobadas en el 2017. Impuestos como la tasa turística o el impuesto sobre bebidas azucaradas se encuentran vigentes no se suspendieron en ningún momento, ya que el Estado no invocó esa medida al presentar su recurso.
Hace un mes que la Generalitat trasladó de manera informal sus intenciones al Gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes del ejecutivo central, se alegaba la complejidad del procedimiento de desistimientos de recursos por parte del Gobierno central y la necesidad de agilizar el proceso. Desde el Ministerio de Política Territorial se alertó entonces que emprender esa vía sin negociar el contenido legislativo podría hacer volver a aumentar la litigiosidad entre las dos administraciones, en lugar de reducirla.
De las catorce normas recogidas en la moción de julio de la CUP, no todas están afectadas por suspensiones del TC. Además de los dos recursos retirados por la Moncloa, el tribunal ha levantado la suspensión de otras cuatro. Se trata de la ley del libro sexto del Código Civil catalán o la de la Agència Catalana de Protecció Social. La negociación con el Gobierno central para retirar el recurso está avanzada y el obstáculo
De los 14 litigios abiertos, sólo seis leyes están afectadas por la suspensión parcial del Constitucional
parece de carácter político, ya que la agencia se presentó como una de las denominadas estructuras de estado independentistas. Tampoco están suspendidas la ley del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas o la del cambio climático. En este caso, el impuesto al CO2 de los automóviles, la medida estrella de la norma, está paralizada desde el mes de abril por su definición imprecisa, que requiere de retoques legislativos para dotarlo de seguridad jurídica.
Tampoco se incluirá en la norma ómnibus la ley de la agencia de Ciberseguridad, después de que el TC anulara varios apartados de su artículo 2 por invadir competencias exclusivas del Estado en materia de seguridad ciudadana. Ni la de las asociaciones de consumidores de cannabis, también con aspectos inconstitucionales. Es la evidencia de que el Govern no pretende desobedecer las sentencias del TC. Otras medidas reclamadas por la CUP en la moción como el decreto de regulación de las VTC, sólo depende de la Generalitat, después de que el Gobierno central ampliara las competencias autonómicas.