El tribunal rechazó la anulación preventiva

La decisión del Govern de recuperar leyes suspendidas por el Constitucional parte de la moción impulsada por la CUP y aprobada el pasado julio en el pleno del Parlament. En el texto, la Cámara ratificaba “su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias para lograr y culminar democráticamente la independencia de Catalunya”. Asimismo, se instaba a “hacer efectivo” el contenido de los artículos suspendidos por el TC de 14 normas. El Gobierno de Pedro Sánchez impugnó la totalidad de la resolución por considerar que vulneraba sentencias previas del Constitucional. No obstante, el Alto Tribunal sólo estimó el recurso del Ejecutivo en lo referente a la independencia y el derecho de autodeterminación. Sobre la recuperación del contenido de las leyes recurridas, la resolución sostiene que la vía técnica para suspender el contenido de nuevas normas autonómicas no es un incidente de ejecución de sentencia. Según el tribunal, aunque esa moción se podría considerar “como una incitación al Gobierno de la Generalitat para que desobedeciera las resoluciones del TC que acordaron la suspensión de la vigencia de las leyes que se mencionan (...), si ello sucediera efectivamente, este tribunal dispone de los medios oportunos para asegurar la efectividad de esas resoluciones”. De hecho, en las alegaciones del Parlament se defendía que la moción instaba al Govern a hacer efectivas las normas suspendidas pero “en ningún caso insta a hacerlo vulnerando la legalidad vigente”.