‘La Manada’ seguirá libre
La Audiencia de Navarra, con un voto en contra, sostiene que no hay riesgo de fuga
La Manada seguirá en la calle por lo menos hasta el próximo otoño. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, la que condenó en abril a los cinco acusados a nueve años por el abuso grupal en los Sanfermines del 2016, considera en el auto hecho público ayer que los argumentos que llevaron el 22 de junio a la excarcelación de los imputados siguen vigentes. A pesar de la sentencia de diciembre del Tribunal Superior, que ratifica la pena e incluye la discrepancia de dos magistrados que reclaman la tipificación de agresión, el tribunal –por dos votos a uno– no aprecia de nuevo riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Después de este auto, todas las partes miran ya a la última instancia por la que pasará el caso: el Supremo.
El reingreso en prisión o no de José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Ángel Boza pendía del posicionamiento de la juez Raquel Fernandino. Frente a los votos inalterables de Ricardo González –quien no vio culpables en el juicio a los condenados–, a favor en todo momento de su excarcelación, y José Francisco Cobo, en contra, la pelota estaba en el tejado de la magistrada, que ha vuelto a mantener el criterio que expuso en junio. La Sección Segunda estima que la situación personal, familiar y laboral de los cinco acusados permanece “inalterable” con respecto a entonces y desacredita que, tras el dictamen del Tribunal Superior, hayan aumentado unas posibilidades de escapar que califica de “endebles”. “Lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena”, destaca, a la vez que recuerda que los encausados ya permanecieron privados de libertad desde el mismo día de los hechos hasta casi dos años después.
La Audiencia de Navarra reitera en su auto de ayer el argumento por el que ya rechazó el riesgo de fuga: la situación de insolvencia económica y la incapacidad de su entorno familiar y de amistades de brindarles ayuda logística o económica “hace que carezcan de medios para una huida eficaz”. También su sobreexposición mediática y la “pérdida de anonimato”. En la vista de la semana pasada, las acusaciones señalaron que Cabezuelo, militar de profesión y el único no insolvente, ha sido expulsado del ejército, lo que suponía una pérdida de apego que podía inducir a su huida. La Sección Segunda lo descarta: “Tal carencia no incrementa el riesgo de fuga sino que, en cierta forma, lo limita”, explica en el auto.
El tribunal apunta asimismo al cumplimiento escrupuloso de las medidas cautelares impuestas, que exigen la comparecencia de La Manada todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de Sevilla, incluso después del dictamen del Tribunal Superior de Navarra, que anticipa una condena definitiva en el Supremo y abre la posibilidad de que los hechos acaben siendo tipificados como agresión, con un aumento de la pena que podría llegar a los 14 años. “Desde que se tuvo conocimiento de la confirmación de la sentencia de esta Sala –explica la Sección Segunda–, ha pasado casi un mes y los encausados han continuado cumpliendo las medidas, mostrando así su intención de no eludir la acción de la justicia”.
El auto previene la reiteración delictiva con el “rechazo social” contra los condenados, el reconocimiento público de sus caras y las “dificultades para desarrollar una vida normalizada”. El tribunal desliga también el abuso grupal de los Sanfermines de la sanción
VOTO PARTICULAR
De nuevo, uno de los tres jueces discrepa y reclama la cárcel para los cinco jóvenes
EL SUPREMO, ÚLTIMA INSTANCIA Los condenados estarán en libertad provisional al menos hasta el otoño
a Ángel Boza por dos delitos leves de hurto y lesiones tras robar unas gafas en un centro comercial de Sevilla y atropellar a dos vigilantes de seguridad en su huida. Los magistrados estiman que son hechos “muy diferentes y más livianos que los que han determinado su condena”.
Por otro lado, la Sección Segunda descarta que los abusos de La Manada en Pozoblanco (Córdoba), pendientes todavía de juicio, deban pesar en su decisión sobre la libertad provisional ya
SECRETARIA DE IGUALDAD
“Qué barata sale la violación en grupo: fianza de 6.000 euros”, dice Soledad Murillo
que por ahora “no ha recaído sentencia ni tampoco se ha acordado la prisión preventiva por tales hechos”.
El voto particular del presidente de la Sala, José Francisco Cobo, se opone, sin embargo, a los argumentos de sus compañeros y pide el ingreso inmediato en la cárcel y sin fianza de los cinco encausados ante la “gravedad de la pena impuesta”. En ese sentido, cree “procedente” aplicar la prisión provisional al haber aumentado el riesgo de fuga tras el dictamen del Tribunal Superior, que supone la existencia de dos sentencias condenatorias en las dos instancias en las que se han juzgados los hechos. Además, reitera Cobo, los nueve años de cárcel que se reclaman para los implicados son una pena que “supera nítidamente, hasta casi duplicarlo, el umbral inferior de cinco años considerado en el Código Penal como límite para diferenciar los delitos graves de los menos graves”.
Su posicionamiento fue de nuevo respaldado ayer en redes sociales, altavoz del rechazo a unas resoluciones judiciales que, desde la sentencia del 26 de abril, han provocado la indignación en las calles. Las quejas también tuvieron eco en el ámbito político. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que “no es comprensible” que los condenados sigan en la calle, mientras el Gobierno navarro mostró su “absoluta discrepancia” con la resolución. Especialmente dura fue la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, quien dijo que “acata pero no respeta” la decisión: “Qué barata sale la violación en grupo: fianza de 6.000 euros y libertad provisional”, denunció a través de Twitter.
A pesar de que el auto de ayer puede ser recurrido, todas las partes contemplan ya el último escalón judicial del caso, el Tribunal Supremo.