Monarquía y constitución
El artículo 1 de la Constitución española reza en su apartado 3 que “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”, y el artículo 56 nos dice que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen especialmente la Constitución y las leyes”,
Tras la abdicación de Juan Carlos I y en aplicación del articulo 57.5 de la Carta Magna, la Ley Orgánica 3/2014, aprobada por las Cortes el 11 de junio por 299 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones y aprobada por el Senado el 17 de junio por 233 votos a favor, 5 en contra y 20 abstenciones, permitió que las Cortes Generales proclamaran a Felipe VI nuevo jefe del Estado el 19 de junio del 2014, cuando, siguiendo el artículo 61 de la Constitución, Felipe VI prestó juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Tanto en la tramitación Constitucional como en la sucesión ya sonaron algunas voces minoritarias que solicitaban un referéndum para ver si había que establecer una república o había que continuar con la monarquía parlamentaria.
Con todo esto quiero señalar que la discusión sobre la monarquía no es nueva, pero es preciso recordar que la figura de Juan Carlos permitió la transición ordenada de la dictadura franquista a la democracia que hoy tenemos y que el advenimiento del actual jefe del Estado tras la abdicación de Juan Carlos se realizó con toda la pulcritud constitucional.
Por ello las actuales voces contra la monarquía española deberían tener en cuenta que el Rey –en una línea similar a la de otras monarquía europeas– no es un dictador y que los errores de gobernanza, las fricciones nacionalistas o las crisis económicas y los “recortes” que se hayan producido son imputables a los gobiernos y no al Rey.
No creo que si en la transición hubiéramos optado por una república, nuestra situación actual fuera mejor de la que ahora tenemos tras habernos homologado al resto de los países de nuestro entorno a través de la Constitución y la monarquía constitucional –de la que nos hemos dotado democráticamente– y para cuya reforma no hay acuerdo suficiente entre los que efectivamente ejercen el poder político.
Las fricciones o las crisis que se han producido en España son imputables a los gobiernos y no al Rey