La Vanguardia

LAS CLAVES DEL CASO

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¿Qué es Bankia?

Es el banco resultante de la fusión de siete de las antiguas cajas de ahorros en el 2010. La mayor, que era de donde procedía Rodrigo Rato, era Caja Madrid. El resto eran Bancaja, Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja La Rioja.

¿Por qué salió a bolsa?

Un año después de que naciera Bankia, la entidad salió al parquet para captar el capital suficiente que se le reclamaba por parte del Banco de España y de las autoridade­s europeas.

¿Quién compró las acciones?

Hubo unos 340.000 pequeños accionista­s que acudieron a la salida a bolsa. En aquella operación, el banco captó 3.092 millones de euros, de los que 1.800 procedían de clientes y ahorradore­s. El resto fueron inversores institucio­nales como Iberdrola, que también demandó a Bankia. ¿Qué pasó tras el debut en el mercado de valores?

Menos de un año después de la salida a bolsa, el Estado nacionaliz­ó la matriz de Bankia, cesó a Rodrigo Rato e inyectó 22.000 millones de euros para evitar la quiebra de la entidad.

¿Qué sucede cuando colapsa Bankia?

El desplome de la acción es total, lo que provoca que los accionista­s pierdan nominalmen­te casi todo el dinero invertido en el banco.

¿Qué sucede con los accionista­s minoritari­os?

Ante el alud de demandas judiciales que eran favorables en su mayoría a los clientes, el banco –en aquel momento propiedad del Estado– decide devolver a los pequeños accionista­s todo el dinero invertido más un 1% anual de intereses. Era el año 2016. Habían pasado cuatro años tras el fiasco de la salida a bolsa.

¿Qué se juzga ahora?

La Audiencia Nacional debe dilucidar si se cometió algún delito en la salida a bolsa como, por ejemplo, el falseamien­to de las cuentas que se utilizaron para vender las acciones a los minoritari­os como sostienen algunos peritos.

¿Qué es ahora Bankia?

En diciembre pasado, el Gobierno autorizó posponer la desinversi­ón del Estado en Bankia a la espera de que mejoren los mercados. Bankia sigue siendo un banco controlado mayoritari­amente por el Estado, con el 61% de las acciones, y que aún no ha podido devolver las ayudas recibidas.

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