El juez da carpetazo a las querellas contra los Mossos por supuesto espionaje político
El auto avala la legalidad de todos los informes que se iban a incinerar
El juez de instrucción número 22 de Barcelona ha archivado todas las querellas presentadas contra los Mossos por el intento de destrucción de documentación en la incineradora de Sant Adrià de Besos a finales de octubre del 2017. Según la resolución, no existió el supuesto espionaje a políticos y periodistas contrarios al procés que la Policía Nacional relataba en sus informes.
Toda la información en poder de los Mossos d’Esquadra se obtuvo y almacenó de forma legal. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, que la semana pasada firmó un auto de sobreseimiento libre de las 16 querellas y una denuncia interpuestas contra los Mossos d’Esquadra por el intento de destrucción de documentación en la incineradora de Sant Adrià de Besòs, a finales de octubre del 2017.
“No existe ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se ha intervenido teléfono alguno, no se ha interceptado correspondencia, ni entrado en ningún domicilio”, afirma el magistrado en un escrito que desmonta las acusaciones que durante meses se vertieron contra la policía catalana, acusándola de labores de espionaje contra partidos políticos, abogados, periodistas e incluso líderes sindicales de los propios Mossos, por motivaciones estrictamente políticas.
Hay que remontarse a la mañana del 26 de octubre del 2017. Una furgoneta sin logotipos de la policía catalana accedía a la incineradora de Sant Adrià de Besòs para destruir 36 cajas de documentos que después se supo que provenían de la Comissaria General d’Informació. Les esperaban policías nacionales que les cerraron el paso. Transcurrieron varias horas de muchísima tensión, en la que los agentes de la Policía Nacional, arma larga en mano, bloquearon la furgoneta, mientras que varios mandos conseguían una autorización de la entonces juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para intervenir la documentación. ¿La razón? Según las sospechas de la Policía Nacional, los Mossos trataban de destruir documentación relacionada con la celebración del referéndum del 1 de octubre. Durante los siguientes meses, la brigada provincial de Barcelona de información de la Policía elaboró un informe de 395 folios a partir de los documentos intervenidos. Ya no se trataba sólo de información relativa al referéndum, sino que aseguraron que los Mossos contaban con una unidad secreta y política que trabajaba a las órdenes del Govern para espiar a políticos, periodistas, abogados, mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil e incluso sindicalistas de los propios Mossos contrarios. Una especie de Gestapo, dirigida evidentemente por el mayor Josep Lluís Trapero, entonces jefe de los Mossos, a la que se le atribuyó la compra, también secreta, de material sofisticado para escuchar ilegales, lectura masiva de matrículas o un piso en la calle Numància para realizar espionaje.
La tesis de la Policía Nacional sirvió para que la oposición en el Parlament forzara la creación de una comisión de investigación.
En abril pasado, un mando de la Comissaria General d’Informació de los Mossos elaboró un contrainforme en el que justificaba la existencia de cada uno de los documentos, contextualizaba su contenido y la procedencia de la información que contenían. El escrito se entregó a la Fiscalía, antes incluso de la presentación de las querellas. Un informe que en todos estos meses no ha salido de las sedes policial y judicial, a diferencia del que elaboró la brigada de información de la Policía Nacional, que en sus páginas, además de las acusaciones contra los Mossos, revela información muy delicada como identidades de confidentes de la policía catalana. El abogado de los querellantes presentará recurso.
La Policía Nacional sostuvo que los Mossos vigilaron a políticos, periodistas y abogados por motivos políticos