La oposición vigilará la política de terrazas de Colau
PDECat, Cs, PSC y PP fuerzan una comisión de seguimiento de la aplicación de la ordenanza
Los concejales de PDECat, Ciudadanos, PSC y PP forzaron ayer la creación de una comisión especial destinada a controlar la aplicación de la ordenanza de terrazas que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau está llevando a cabo en Ciutat Vella. Los de ERC, pese a mostrarse favorables a la iniciativa, prefirieron abstenerse “para no fomentar otro circo mediático”. Únicamente los ediles de BComú y de la CUP se opusieron a la medida.
El armisticio que supuso este verano la modificación de la muy polémica ordenanza de terrazas, una modificación entonces consensuada por la mayor parte de los grupos municipales, a la postre fue muy breve. El pleno extraordinario celebrado ayer muestra cómo los veladores vuelven a convertirse en un arma política arrojadiza. Y a buen seguro que continuarán siéndolo hasta que tengan lugar las próximas elecciones municipales.
Este nueva comisión, que ha de constituirse antes de 30 días, estará formada por dos concejales de cada grupo municipal y también por los dos ediles no adscritos. A lo largo de probablemente cuatro sesiones, que tendrán lugar durante un mes, los representantes políticos citarán a una veintena de comparecientes, básicamente políticos, técnicos municipales, restauradores afectados y expertos en derecho administrativo. Luego la comisión emitirá un informe con sus conclusiones.
La mayor parte de las fuerzas de la oposición se hace así eco de las reivindicaciones del Gremi de Restauració de Barcelona. Los restauradores denuncian que los técnicos del distrito de Ciutat Vella están llevando a cabo una aplicación de la nueva ordenanza tan estricta como arbitraria. Y que lo están haciendo prácticamente desde principios de verano, desde la mismísima aprobación de la modificación de la ordenanza. Entienden los restauradores que todo ello constituye un abuso de poder, una auténtica persecución derivada de prejuicios ideológicos.
Según datos proporcionados por el propio Gremi de Restauració, en estos momentos al menos una cuarta parte de las terrazas de Ciutat Vella está amenazadas. Un centenar de establecimientos recibieron ya notificaciones municipales que reducen de un modo muy sensible su número de mesas y sillas o que eliminan del todo su instalación.
En este continuo y cada día más agrio intercambio de golpes, la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, repite que sus técnicos sólo tratan de ajustar la realidad a la legalidad, que lo que pretenden los restauradores es que la administración local tolere, ampare y encima regularice reiterados incumplimientos de las correspondientes licencias. Que muchos se acostumbraron alegremente a poner las mesas y sillas que les daba la gana. Además, la propia Pin más de una vez criticó a los representantes del gremio. De hecho, esta asociación profesional todavía estudia la posibilidad de llevarla a los tribunales.
La mayoría de los concejales de la oposición marcó su lado de la barricada y dejó claro que cree que son los prejuicios del gobierno los responsables de la nueva guerra de las terrazas. PDECat, Cs, PSC y PP acusaron al gobierno de los comunes de actuar con opacidad y ninguna transparencia, de torpedear una actividadeconómica fundamental para la ciudad, de empecinarse en fastidiar a aquellos que cumplen con la ley y pagan impuestos mientras que toleran actividades irregulares...
La concejal Pin no dijo ni una palabra en el pleno extraordinario de ayer. Fue Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, quien dio cuenta de la postura del gobierno, quien respondió que toda la actuación municipal se ajusta del todo a la legalidad, que su único objetivo es el de armonizar las actividades económicas y el descanso vecinal. “¿Están ustedes en contra del descanso de los vecinos?”, terminó Sanz.
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