Pensiones deficitarias
El órgano propone elevar la edad efectiva de jubilación y el periodo de cotización
La Airef ha publicado su receta para hacer viable el sistema de pensiones, que no es otra que traspasar al Estado una parte de su coste para así reducir el déficit estructural inflamado durante los años de crisis.
El Estado debería apuntarse en su déficit unos 16.000 millones de euros que en la actualidad lastran las cuentas de la Seguridad Social. Así lo defendió ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su esperada posición sobre la sostenibilidad del sistema público de protección social, que ahora remitirá al Gobierno de Pedro Sánchez. El organismo encargado de velar por la viabilidad de las cuentas públicas sostiene que, con este movimiento, se atenuaría la “incertidumbre” de los ciudadanos sobre el futuro de las pensiones. Unas incertezas, remarca, que pueden comportar efectos indeseados sobre decisiones de ahorro o consumo de cotizantes y pensionistas, así como generar una peligrosa “desafección” hacia el funcionamiento del sistema.
Después de dos años de análisis, la entidad que dirige José Luis Escrivá estima que la Seguridad Social arrastrará durante años un déficit estructural de un 1,3%-1,5% del PIB, originado durante la crisis económica y vinculado a la asunción desde hace tiempo de obligaciones “discutibles” que se cubren con cotizaciones. Por ello, se muestran partidarios de traspasar a la administración central gastos como los de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones de euros), reducciones en la cotización (2.000 millones) y subvenciones “implícitas” de los regímenes especiales como los trabajadores agrarios (1.000 millones). Y hacer frente pues con cargo a los presupuestos generales del Estado, entre otras medidas, las de fomento del empleo o de apoyo a la familia, como las prestaciones por maternidad y paternidad. Además de liberar unos 10.400 millones de euros en cotizaciones por desempleo que se utilizan para otros fines, aparte de las prestaciones contributivas –proponen cambiar el reparto de la cuota y que la parte para cubrir la ayuda al desempleo baje del 7,1% al 3,5%–. Con el superávit del Servicio Público de Empleo (SEPE), al final el desfase para el Estado alcanzaría los 16.000 millones.
De esta forma, la administración central, que “tiene las palancas” para combatir el desequilibrio de las cuentas, insistieron desde la Airef, se apuntaría un déficit del 2,2% (ahora es del 0,8%), y los fondos de la Seguridad Social (además del sistema propiamente dicho, el SEPE y Fogasa) pasaría del actual –1,4% al equilibrio.
En todo caso, la Autoridad Fiscal apremia al gobierno, las fuerzas parlamentarias, el pacto de Toledo y los agentes sociales a que decidan con qué nuevas medidas contener a medio y largo plazo la presión del envejecimiento sobre el sistema de pensiones. Sobre todo, ahora que hay consenso político para actualizar de nuevo las prestaciones en función de la evolución de los precios. “Conviene que rematen a gol”, aseguraron ayer fuentes de la Airef. Según sus cálculos, y a pesar de plantear un escenario demográfico más optimista que, por ejemplo, el del INE, si no se toman medidas adicionales, el gasto en pensiones sobre el PIB se dispararía del 10,6% en el 2018 al 16,9% en el 2048.
En el informe que recibirán en la Moncloa –la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lleva meses insistiendo en que tendrían en cuenta este análisis de la Airef para fijar su posición sobre las pensiones–, el organismo presidido por Escrivá se inclina por profundizar en la reforma del 2011, al recomendar cambios para aumentar la edad efectiva de jubilación y la ampliación del cómputo de 25 años de cotización a 35 e incluso a toda la carrera profesional. Con este endurecimiento de las jubilaciones antes de la edad legal y de las condiciones en el cálculo de la prestación, defienden, en 30 años el gasto en pensiones representará el 13,4% del PIB y la proporción entre pensión media y salario medio se mantendría relativamente estable, del 57% del año pasado al 53% en el 2048. Mientras que de aplicarse la revalorización del 0,25% del PP, la tasa caería al 45%.
Estos cálculos parten del supuesto de que el polémico factor de sostenibilidad –que rebaja la prestación para los nuevos pensionistas, en función de la esperanza de vida– se pondrá en marcha finalmente en el 2023, después del aplazamiento acordado el año pasado entre el gobierno de Mariano Rajoy y el PNV. La eliminación de este corrector supone elevar la factura de las pensiones en 0,6 puntos del PIB.
DESFASE DEL 1,3-1,5% DEL PIB La Autoridad Fiscal cree que el trasvase del déficit frenaría la incertidumbre
“REMATEN A GOL” El informe reclama nuevas medidas, ante la desaparición del índice de revalorización del PP