Barcelona detecta alquileres ilegales entre sus 16.000 pisos sociales de compra
Pisos protegidos que nadie ocupa y cuyos propietarios no han comunicado que están vacíos o, lo más grave, que se han puesto en alquiler –también sin autorización de la administración–, además, por un precio entre un 30 y un 50 por ciento por encima del que se podrían arrendar al ser vivienda social. Son los principales malos usos que se dan en algunos de los 16.000 pisos protegidos de compra que hay en la ciudad y que el Ayuntamiento ha detectado. Ya se han abierto 14 procesos sancionadores y se ha impuesto una multa de 180.000 euros.
“Es la primera vez que se hace una revisión de todo el parque. Hasta ahora las sanciones se habían activado a partir de denuncias”, explicó ayer en rueda de prensa el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, quien precisó que las inspecciones que efectúa el Consistorio serían competencia de la Generalitat, pero que en el caso de la capital catalana se acordó una “concertación” para que las lleve a cabo la Unitat de Disciplina d’Habitatge. Según fuentes municipales, las inspecciones comenzaron hace un año y desde entonces ya se han revisado unos 1.600 pisos del total de 16.000. Calculan que los “usos irregulares” podrían afectar entre el 1,5% y el 2,5% del parque, si bien por ahora los servicios municipales han abierto un total de 14 expedientes sancionadores, uno de los cuales ya se ha resuelto con la sanción de 180.000 euros. Se trata de un piso de la calle Doctor Aiguader, que se construyó en los años 90 en régimen de protección oficial por 30 años pero cuyos propietarios no vivían en él. Lo habían destinado a alquiler sin haber solicitado ninguna autorización a la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Además de la multa, los propietarios también tendrán que devolver a la administración la cantidades percibidas en concepto de alquiler, que estaban por encima de lo permitido, es decir, unos 16.048 euros.
El resto de los 13 casos sigue el proceso administrativo (las multas pueden ser de hasta 900.000 euros). Tres de estos pisos están en Ciutat Vella, uno en Sants-Montjuïc, dos en Horta-Guinardó, cuatro en Nou Barris, uno en Eixample y tres en Sant Martí.
“El afán no es recaudatorio, sino de generar conciencia de lo que es una vivienda protegida”, apuntó Montaner, que aprovechó la comparecencia para volver a reclamar a la Generalitat y al Parlament de Catalunya que hagan posible que los inmuebles que construya la administración pública mantengan la calificación de protegidos de manera indefinida y se conserven como parque destinado a políticas sociales.