Documentos destruidos
El juez descartó motivaciones políticas en la actuación de la policía catalana
La Fiscalía de Barcelona ha decicido recurrir el archivo de la causa sobre los informes llevados por los Mossos d’Esquadra a la incineradora de Sant Adrià de Besòs.
Esperaban el recurso presentado por el letrado de las acusaciones José María Fusté Fabra contra el auto de sobreseimiento libre que se conoció el miércoles y por el que un juez de Barcelona archiva todas las causas contra los Mossos d’Esquadra por presunto espionaje político. Y también cabía la posibilidad que la Fiscalía de Barcelona anunciara, como hizo ayer, que también presentará un recurso de apelación contra el archivo de la causa. La decisión del ministerio público no diluyó la satisfacción que se respira en el cuerpo policial tras el contundente auto del titular del juzgado número 22 que determina que los Mossos no cometían ninguna ilegalidad cuando el 26 de octubre del 2017 acudieron a la incineradora de Sant Adrià del Besòs a destruir cerca de un centenar de informes de la Comissaria d’Informació. Los Mossos lanzaron anoche este mensaje oficial: “Llegado el momento, continuaremos dando todas las explicaciones que nos pidan sobre nuestro trabajo hasta el final, como hemos hecho siempre”.
Horas antes de conocerse la decisión de la Fiscalía, el inspector Albert Oliva, portavoz de la policía de la Generalitat, aseguraba que la institución se sentía “liberada de la presión” de unos meses que calificó de difíciles y complicados por la cantidad de “informaciones falsas e interesadas” que se vertieron contra el cuerpo. Más contundente, el conseller de Interior, Miquel Buch, aprovechó una comparecencia de tráfico para mostrar su satisfacción por la sentencia y para pedir a todos aquellos, principalmente políticos, que acusaron a la policía de actuar bajo criterios políticos “que por lo menos se disculpen”.
En los próximos días, la Audiencia de Barcelona recibirá los recursos de Fusté Fabra y de la Fiscalía de Barcelona. A partir de esos escritos, solicitará a las partes un posicionamiento, que en el caso de los letrados de la Conselleria d’Interior será favorable a mantener el archivo.
En cualquier caso, habrá que esperar el sentido del recurso de la Fiscalía de Barcelona, es decir, si solicita a la Audiencia reabrir el caso porque entiende que hay indicios de delitos en las actuaciones de la policía, o si sencillamente pide la comparecencia de los agentes de Informació que participaron directamente en los seguimientos, judicializados en unos casos y en otros justificados en un contexto determinado, de las personas que en su momento se querellaron y ahora han recurrido.
La Fiscalía anunció ayer la decisión de recurrir, pese a que el magistrado Juan Emilio Vilá Mayo firmó el auto de archivo el 1 de enero y las partes, incluido el ministerio público, lo tuvieron al día siguiente. No fue hasta su difusión pública, nueve días después, que la Fiscalía tomó la decisión de recurrir. Durante la instrucción, cuando las 16 querellas y una denuncia se unificaron en una sola causa que cayó en el juzgado 22, Fusté Fabra solicitó que la comparecencia del comisario Manel Castellví, jefe de Informació, fuera en calidad de investigado. Pero tanto el juez como el fiscal se negaron.
Castellví compareció en dos ocasiones. Dos declaraciones de más de ocho horas y en las que, ante las preguntas del magistrado, del fiscal y de los letrados, fue desgranando y documentando el contexto en el que se había redactado cada uno de los informes que ese 26 de octubre se pretendía destruir.
Tras las explicaciones, el magistrado dejó claro en su auto que nunca hubo motivación política en las actuaciones de los Mossos y no existió esa Gestapo que trabajaba con fondos reservados a las órdenes de la Generalitat. A nadie se le escapa que el archivo de la causa de la incineradora debilita otros procedimientos judiciales abiertos contra políticos catalanes, pero sobre todo desmonta parte de la tesis acusatoria contra el mayor Josep Lluís Trapero, acusado de dirigir una policía política que, según un juzgado de Barcelona, actuó con criterios meramente profesionales.
El sobreseimiento del caso de la incineradora desmonta parte de la tesis acusatoria contra el mayor Trapero