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La decisión de Pedro Sánchez de presentar los presupuestos en el Congreso pese a no tener garantizada su aprobación, y la propuesta de retrasar un año la edad de jubilación.
EL Gobierno ha dado luz verde a su proyecto de presupuestos generales del Estado para este año y lo enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación, sin tener asegurado ningún apoyo que pueda garantizar su aprobación. Pero Pedro Sánchez se la juega porque confía en poder sacarlos adelante. El mayor aumento del gasto social de los últimos diez años y el mejor trato inversor para Catalunya que se recuerda constituyen argumentos de calado que, según estima el Gobierno, harán muy difícil razonar su rechazo por parte de Podemos –que ayer amagó con no aprobarlos si no incluyen más medidas sociales– y de las formaciones independentistas catalanas, que mantienen su rechazo a menos que haya gestos a favor de los políticos presos y del derecho de auto determinación. Ambos apoyos son fundamentales para el éxito de la apuesta deSánc hez.
El posible rechazo del proyecto de presupuestos del Gobierno, que hoy en día es una opción sobre la mesa, no sólo su pondría un lesivo castigo a los ciudadanos más desfavorecidos, que no recibirían las ayudas sociales comprometidas, sino que comportaría el riesgo de un adelanto de las elecciones generales para este año. En ellas no habría que descartar un resultado con el que el PP y Ciudadanos sumasen la mayoría. Esta hipótesis sería mala para las aspiraciones de los partidos independentistas, ya que se pasaría de la posición de diálogo que mantiene Sánchez a la de enfrentamiento abierto, con la amenaza de la nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución que defienden dichos partidos. Sólo desde la idea insensata de que cuanto peor, mejor para Catalunya se puede justificar, por tanto, el rechazo independentista a los presupuestos.
Las próximas semanas serán claves para la adopción de una decisión definitiva por parte de ERC y del PDECat. En el seno de ambas formaciones hay posturas diversas, y cabe esperar que al fin se impongan el sentido común y el pragmatismo y se separe la economía colectiva de la batalla política de parte de la sociedad. Creemos que sería inexplicable, además de políticamente contraproducente, que se perdiera esta oportunidad. El país tiene ahora mismo demasiadas carencias como para desdeñar estos presupuestos. Y, en último extremo, no se puede pedir a Sánchez que haga lo que no puede hacer, como es intervenir en los procesos judiciales o ir más allá de la Constitución para apoyar el derecho de auto determinación.
La clave que explica el importante aumento del gasto social y de la inversión que se prevé en los presupuestos, junto con el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público hasta el 1,3% del PIB, radica en el intenso aumento de la recaudación fiscal, que se espera suba un 9,5%. Este aumento de la recaudación se producirá como consecuencia tanto del ritmo de crecimiento económico como de la subida de algunos impuestos ola imposición de nuevos. En concreto, sube el impuesto de sociedades para las grandes empresas, el IRPF para las rentas más altas y las del capital y el impuesto sobre el patrimonio, al tiempo que se crea la tasa sobre el diésel, la tasa digital y el impuesto sobre las transacciones financieras.
Puede discutirse la conveniencia de subir impuestos el mismo año en que se registra una desaceleración del crecimiento económico, como se hace desde la patronal, pero el Gobierno está convencido de que se logrará un aumento del PIB del 2,2%, apoyado en el impulso de la renta disponible de las familias y de la caída de los precios del petróleo. En cualquier caso, al margen de las consideraciones expuestas, es bueno para la confianza y la estabilidad del país que pueda contar con estos presupuestos.