Las pensiones, a debate
EL Gobierno propondrá la próxima semana a sindicatos y patronal aumentar en un año la edad de jubilación real, hasta los 63,7 años (en la actualidad se sitúa en los 62,7) en el horizonte del 2027, que es cuando finaliza el periodo de reformas aprobado en el 2011 y la edad legal se situará en los 67 años. Con el objetivo de apuntalar la sostenibilidad fiscal del sistema público de pensiones, el Ejecutivo es también partidario de que las jubilaciones anticipadas impliquen una mayor cotización y que el cómputo para el cálculo de la pensión se amplíe hasta los 35 años, cuando en la actualidad es de 25.
La financiación del sistema público de pensiones es uno de los principales problemas que el Gobierno español tiene sobre la mesa. A finales del 2018 había 8,7 millones de pensionistas que cobraban una media de 1.080,52 euros mensuales. El aumento de la esperanza de vida de los españoles hace que cada diez años la cifra de jubilados aumente en un millón de personas, con lo que en el horizonte del 2030 se alcanzarán los 10 millones de pensionistas. En el 2018, el peso del sistema de pensiones en los presupuestos generales del Estado se situó en el 40%. En los presupuestos aprobados inicialmente ayer, aquel porcentaje se sitúa ya en el 42,1% (por encima de los 150.000 millones de euros), la mayor cifra de la historia, sufragados por los casi 19 millones de cotizantes. Es decir, cada pensionista recibe la aportación de 2,11 trabajadores en activo, una ratio que obliga al Estado a buscar financiación después que en los últimos años –los de la crisis– se haya agotado el fondo de reserva para las pensiones. Más pensionistas y menor peso de las cotizaciones forman un bucle muy preocupante.
Por tanto, es evidente que habrá que buscar soluciones a un problema que requiere, como en tantas otras cuestiones, un pacto de Estado (el de Toledo), pero que está lejos de implementarse de forma real. Nueve millones de pensionistas representan un sector demasiado importante para enfrentarse con él, y los partidos andan con el freno de mano puesto cuando hablan de pensiones. La propuesta de alargar un año la edad de jubilación real y de ampliar el periodo de cotización parte del estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el cual afirma que, a consecuencia de la crisis, la Seguridad Social presenta un déficit estructural de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB que precisa nuevas medidas. Asimismo, plantea que ese déficit sea asumido por el Estado para dar credibilidad a la sostenibilidad del sistema. Y eso es lo que esta semana debatirán el Gobierno, la patronal y los sindicatos.