En defensa del Estado
Lo dejó escrito Hannah Arendt en La libertad de ser libres: “Ninguna revolución, independientemente de con cuanta amplitud abra sus puertas a las masas y a los oprimidos –les malheureux, les misérables o les damnés de la terre (…)–, se ha iniciado nunca por ellos. Y ninguna revolución ha sido nunca obra de conspiraciones, de sociedades secretas o de partidos abiertamente revolucionarios. Hablando en términos generales, ninguna revolución es posible allí donde la autoridad del Estado se halla intacta (…) Las revoluciones no son (…) la causa sino la consecuencia del desmoronamiento de la autoridad política. En todos los lugares en los que se ha permitido que se desarrollen sin control esos procesos desintegradores, habitualmente durante un periodo prolongado de tiempo, pueden producirse revoluciones”.
Me acojo a la autoridad de esta larga cita para fundamentar las ideas que siguen: 1) El Estado español se halla inmerso “durante un prolongado periodo de tiempo” en un “proceso desintegrador”, cuya causa no es la estructura autonómica implantada por la Constitución de 1978, sino una sostenida dejación de poder por el gobierno central y una persistente deslealtad constitucional de diversas autoridades autonómicas. 2) Aunque sus manifestaciones extremas apenas son perceptibles (la inercia de un Estado consolidado es siempre fuerte), la actual crisis del Estado español es profunda y grave, como lo prueba el hecho de haber sufrido un golpe de Estado (los días 6 y 7 de septiembre del 2017) protagonizado por autoridades y funcionarios públicos del mismo Estado. 3) La situación actual tan sólo podrá reconducirse a la normalidad constitucional, hoy gravemente erosionada, mediante un pacto de todas las fuerzas políticas constitucionalistas –de derecha y de izquierda– que siente las bases para la recuperación de la autoridad del Estado mediante la puesta en marcha de un proceso de reformas constitucionales y legislativas.
La situación es de emergencia y puede agravarse por la incidencia de una nueva crisis económico-financiera (probable y no lejana), que podría desencadenar una crisis política de intensidad imprevisible, habida cuenta de la existencia en el marco parlamentario español de diversas fuerzas políticas que han manifestado su propósito explícito de derrocar el “régimen del 78”. Nos hallamos en un “estado de necesidad” que justifica la urgencia de un pacto de los partidos constitucionalistas superador de la división entre derecha e izquierda. Este pacto –vertebrado por el PSOE, el PP y Ciudadanos– habría de quedar abierto a la participación del resto de las fuerzas políticas en un diálogo abierto sin más límites que los que imponen la integridad y la subsistencia del Estado, y que sólo prescinda de los partidos que se opongan a él, es decir, de los que quieren destruir el sistema. Es este un punto capital: la recuperación de la autoridad del Estado pasa por este consenso nuclear, sin el cual la adopción de decisiones por parte del Gobierno seguiría pasando –como ahora– por la concertación de pactos puntuales con aquellas fuerzas políticas que no sólo buscan su exclusivo beneficio, sino que acarician siempre la idea de aprovecharse de la debilidad de
La situación es de emergencia y puede agravarse por la incidencia de una nueva crisis económico-financiera
un Estado que impide sus últimos designios por el solo hecho de existir.
El contenido de este pacto habría de ser doble. Primero, debería sentar las bases de una reforma constitucional inaplazable, que rompa el maleficio, tan español, de que las constituciones no se modifican sino que se derogan. Sobre el alcance de esta reforma hay material más que suficiente y bastante concorde. Sólo quiero remarcar un punto: la reforma del Estado autonómico no debería cercenarlo, sino desarrollarlo en un sentido federal que incluya la conversión del Senado en una cámara territorial fuerte y que haga por ello innecesario, de un modo claro, todo rasgo de bilateralidad. Y, en segundo lugar, el pacto debería concretar y sentar las bases de una serie de reformas que incidan directamente en la vida y los intereses de los ciudadanos, y cuyo desarrollo habría de ser luego objeto de un debate puntual. Estas reformas habrían de dar respuesta a las nuevas demandas sociales de igualdad y libertad, con la condición de que, si nuestro establishment piensa que ya escampará y que nada hay que hacer en este campo, el sistema no se regenerará. La reforma constitucional no bastaría para ello.
Doy por descontados el repudio y la rechifla con los que será recibido este artículo. Permítanme por ello que lo cierre con otra cita, esta de Claudio Magris, quien advierte –en El infinito viajar– que “la locura de Don Quijote es, de alguna manera, realista y vidente; mucho más desde luego que la utopía de quien ve sólo la fachada de las cosas y la toma por la única e inmutable realidad. Son los Don Quijotes quienes se percatan de que la realidad se cuartea y puede cambiar; los presuntos hombres prácticos, orgullosamente inmunes a los sueños, siempre creen, hasta el día anterior a su caída, que el muro de Berlín está destinado a durar”.