Un giro social basado en 20.000 millones de euros más en impuestos
Las pensiones acumulan ya 42 de cada 100 euros de gasto, al subir un 6,2%
El proyecto de los presupuestos generales del Estado para el 2019 que este lunes llegará al Congreso de los Diputados sin apoyos parlamentarios asegurados se cimienta en unas previsiones de recaudación récord con las que apuntalar el giro social, defendido con insistencia por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hacienda calcula que las arcas de la Agencia Tributaria recaudarán este año 227.356 millones de euros, un 9,5% más que el avance de liquidación del 2018 –situado en 207.610 millones y que ya superó los registros anteriores a la Gran Recesión–. Gracias a ello, defendieron ayer las ministras del área económica, es posible presentar unas cuentas con “las mayores partidas de la historia para pensiones, dependencia, becas, lucha contra la violencia de género, contra la pobreza infantil”. Y, sin poner en riesgo el compromiso de consolidación fiscal, aseguraron.
Por un lado, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevén sensibles incrementos en el IRPF (4,9%), espoleado por la mejora de los salarios y la subida de los tipos para los contribuyentes con ingresos superiores a 130.000 euros), y del IVA (11,7%), afectado en parte por el desajuste en la implantación del sistema de información inmediata. Por otro, Montero destacó que los presupuestos recogen un fuerte incremento de los ingresos por el impuesto de sociedades (14,1%), al elevar la presión sobre las grandes empresas (el tipo mínimo se fija en el 15% y del 18%, para la banca y empresas de hidrocarburos). A lo que hay que añadir la aportación por la subida del diesel en 3,8 céntimos por litro y por la implantación de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y a determinadas actividades digitales, conocida popularmente como tasa Google. Montero trató de relativizar las dudas sobre el impacto real en las arcas del fisco de estas dos figuras tributarias, que por ser de nuevo cuño han de seguir una tramitación legislativa propia y, por tanto, no es previsible que se aprueben en el mejor de los casos antes del verano.
Estas cuentas, marcadas por la imprescindible búsqueda de alianzas con diversas fuerzas parlamentarias que aún ni siquiera han confirmado que darán un sí para sortear el primer trámite, el de las enmiendas a la totalidad, contempla más recursos para las comunidades autónomas. Una baza con la que el Gobierno lleva tiempo tratando de utilizar para atraer a ERC y PDECat. Según adelantaron ayer, los presupuestos prevén que este año las transferencias a las autonomías por pagos a cuenta y liquidación del ejercicio 2017 se eleven un 6,2%, hasta llegar a los 110.570 millones de euros. Este aumento de 6.487 millones, señaló la ministra de Hacienda, incluye casi 2.500 millones de la prometida corrección en el desfase por el mencionado sistema de información del IVA.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, las responsables de Economía, Nadia Calviño, y Hacienda sacaron pecho por su apuesta por “una fiscalidad justa y progresiva”. Con las nuevas medidas tributarias y de lucha contra el fraude fiscal, recordaron, el Estado espera conseguir 5.654 millones de euros.
Al tiempo, el gasto social presupuestado supera los 209.000 millones de euros (6,4%) y pasa a representar el 57,3% del total de las actuaciones, más de dos puntos por encima que las cuentas para el 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy. En suma, todas las políticas de gasto
contenidas entre los capítulos 1 y 8, consideradas prioritarias, suman 365.520 millones (3% ).
Capítulo aparte merece la evolución de las pensiones, que ya acumula el 42,1% del gasto total. Este 2019, con la compensación por el IPC del año pasado y el incremento del 1,6% de las pensiones y del 3% en el caso de las prestaciones no contributivas y las mínimas, así como el aumento de la base reguladora de las de viudedad, habrá que dedicar 153.864 millones de euros al pago de prestaciones de la Seguridad Social, un 6,2% más que un año antes. Una cifra que incluye el préstamo del Tesoro al sistema de cobertura –que rondará los 15.000 millones–. Entre las medidas para “la recuperación de derechos sociales y blindaje del estado del bienestar”, tal y como lo definió la ministra portavoz, Isabel Celaá, resaltaron el aumento de la dotación para el sistema de dependencia (2.232 millones, un 59,3% más), de las becas (10% ), la ampliación del permiso de paternidad, la eliminación del copago farmacéutico para los más vulnerables o la recuperación del subsidio para los parados mayores de 52 años.
Además de restar vigor al crecimiento del PIB, Montero criticó que la adaptación de las cuentas al objetivo de déficit del 1,3% –fijado en su día por el anterior gobierno– ha mermado los recursos destinados a la inversión.
Las transferencias a las autonomías aumentan en 6.487 millones
El Gobierno saca pecho con las mejoras en dependencia, becas y lucha contra la pobreza