El gasto social
El proyecto de presupuestos presentado por la ministra de Hacienda en el Congreso; y las iniciativas del presidente francés para acallar las marchas en su contra.
EL Gobierno, de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregó ayer al Congreso de los Diputados su proyecto de presupuestos generales del Estado para este año, con voluntad de acuerdo con el resto de las fuerzas parlamentarias. Sin embargo, esto no va a ser sencillo, dado el planteamiento de los partidos independentistas catalanes, PDECat y ERC, que siguen mostrando sus reservas. También las expone Podemos, que encuentra insuficientes las medidas sobre vivienda. Y hasta el PNV, que asimismo pretende sacar mayor beneficio de su apoyo a las cuentas públicas estatales.
La ministra Montero, en la tradicional rueda de prensa de presentación de los presupuestos, se mostró confiada en poder superar todas esas dificultades en las negociaciones que se puedan producir durante el trámite parlamentario, incluso con los partidos independentistas catalanes. Dicho esto, hubiera sido mejor que el proyecto inicial cumpliera, de entrada, con el 19,2% del total de inversiones que deberían corresponder a Catalunya en función de su porcentaje de participación en la economía del conjunto del Estado, tal como se prevé en la disposición adicional tercera del Estatut. Este cumplimiento hubiera facilitado aún más acercar posiciones y, además, se ha quedado muy cerca de lograrlo, ya que lo que se incluye en el proyecto de presupuestos presentado es el 16,8% del total de las inversiones regionalizables, 2.051,38 millones de euros. Además, hay otros doscientos millones en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo en relación con la citada disposición adicional tercera del Estatut.
Las primeras reacciones de los partidos independentistas han sido negativas en lo tocante a dar su visto bueno al proyecto de presupuestos del Estado. Desde ERC se señala que, al margen de partidas económicas concretas, no ha habido movimientos por parte del Gobierno a favor de los políticos presos ni del reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Esto hace que incluso se estén planteando presentar una enmienda a la totalidad. Desde Waterloo, en Bélgica, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont considera que no se dan las condiciones para que el PDECat pueda permitir “ni la aprobación ni la tramitación” de los presupuestos, a menos que el presidente Sánchez habilite un diálogo real entre Catalunya y España y, asimismo, constituya una comisión bilateral para vigilar el cumplimiento de los acuerdos en materia de inversiones públicas, ya que estos se han incumplido a lo largo de los años.
Aun así, creemos pertinente hacer un nuevo llamamiento al diálogo, porque el citado proyecto de presupuestos del Estado supone una oportunidad que no debería desdeñarse en ningún caso. En primer lugar, porque el rechazo comportaría para Catalunya renunciar a importantes inversiones, que suponen un aumento del 52% sobre los presupuestos anteriores y que suman la cantidad más elevada de la serie histórica. Sin olvidar que el Estado en su conjunto se vería privado de unas cuentas públicas que incluyen el mayor gasto social desde el inicio de la crisis, que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, que avanzan en la redistribución de la riqueza, que apuestan por la inversión y que cumplen con los objetivos de déficit público. No es poco. Alguna fórmula habrá que encontrar, por tanto, para hacer posible la aprobación parlamentaria de los presupuestos y, en paralelo, el avance de las necesarias negociaciones políticas que eventualmente se estimara oportuno establecer.